Un vecino de Gandí­a (Valencia), M.A.S.L., acaba de remitir distinta documentación a la Defensora del Pueblo, así­ como a la Oficina Permanente Especializada (OPE) del Consejo Nacional de Discapacidad y al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), en la que se expone que se vulneraron sus derechos fundamentales al prohibí­rsele que su perro de asistencia estuviese suelto en determinadas zonas ajardinadas de esta localidad.

M.A.S.L., por ello, arremete contra los agentes de la Policí­a Local de la localidad, quienes, supuestamente y siempre según la versión del afectado, le indicaron que su perro no podí­a estar suelto cuando lo estaba entrenando. Los hechos ocurrieron en dos dí­as distintos, el 28 de junio y el 18 de julio de este año y, con el fin de denunciar la situación y que se tomen las medidas oportunas, M.A.S.L. puso el incidente en conocimiento de las citadas entidades.

El perjudicado alega que, cuando sucedieron los hechos, se hallaba entrenando a su perro, de nombre Eddie, con el fin de inculcarle las destrezas precisas para que pueda asistir a niños y niñas con autismol.  Argumenta que la ordenanza municipal permite la presencia de perros sueltos entre las siete y las diez de la mañana, y que cumplió con este horario. Además, por último, apunta que los hechos suponen una vulneración de los preceptos recogidos en la Ley 12/2003, de 10 de abril, de la Generalitat Valenciana, sobre Perros de Asistencia para Personas con Discapacidad.