El diputado Ví­ctor Emilio Granados, representante de un minúsculo partido fundado para defender los derechos de las personas con discapacidad, se convirtió la pasada semana en el nuevo presidente del Congreso de Costa Rica, gracias a un pacto entre esa agrupación y el partido de gobierno.

Granados, un abogado de 46 años, representante del Partido Accesibilidad sin Exclusión (PASE), obtuvo el voto de 30 de los 57 diputados que integran el Congreso, frente a 25 que recibió Marielos Alfaro, la candidata de la Alianza por Costa Rica, un variopinto bloque de partidos de oposición que van desde la extrema derecha hasta la izquierda radical.

La figura de Granados ha sido motivo de polémica desde que se mencionó su nombre para presidir el Congreso y los medios de comunicación desenpolvaron sus antecedentes penales: una condena por estafa en 1992 contra un banco estatal. Granados ha dicho que eso fue un error en su pasado, que ya pagó con una pena de cárcel, y que hoy es una nueva persona.

El PASE eligió también la vicepresidencia y la primera secretarí­a, los tres principales puestos del directorio legislativo, producto de un pacto denominado “de gobernabilidad” con el oficialista Partido Liberación Nacional (PLN), que el año pasado fue excluido de la conducción del Congreso por el bloque opositor, que entonces incluí­a al PASE.

El pacto le concede al PLN, el partido de la presidenta Laura Chinchilla, un papel dominante en las comisiones legislativas, incluida la estratégica comisión de asuntos hacendarios, que analiza y aprueba el presupuesto estatal elaborado por el Poder Ejecutivo.