Un juez obliga a revisar…

Un juez ha dado la razón a una afectada por Sensibilidad Quí­mica Múltiple y ha obligado al Institut Catalí  d’Assistí¨ncia i Serveis Socials (ICASS) a revisar su grado de discapacidad del 66% y a reconocer que es del 70% como reclama la demandante, por lo que podrá acceder a ventajas de movilidad como el uso de plazas de aparcamiento especial en la ví­a pública.

La afectada presentó una demanda ante el juzgado social 33 de Barcelona después de que el ICASS le denegara la revisión de su grado de minusvalí­a que ella consideraba que era igual o superior al 69%.

La demandante, que en junio de 2007 fue declarada incapacitada permanentemente por los productos de fumigación que se utilizaban en su centro de trabajo, remarcaba la afectación que la enfermedad tiene sobre su vida diaria ya que, por ejemplo, necesita ayuda constante para ir al baño, vestirse y comer, como se desprende de informes del Hospital Clí­nic de Barcelona.

En estos informes se destaca que la mujer vive con “un cuadro crónico, multisintomático de muy difí­cil control y con mucha inestabilidad y le provoca una marcada limitación funcional y afectación grave de su calidad de vida”, reproduce la sentencia.

El juez reconoce que la demandante sufre “un importante grado de disminución extremo” y pone de manifiesto la dificultad que tiene de acceso al transporte público puesto que su enfermedad le contraindica que lo utilice aunque no sufra una disminución fí­sica.

Según un comunicado del Col·lectiu Ronda, el Real Decreto al que se acogí­a el ICASS sólo contempla que tienen dificultades las personas con silla de ruedas, dos muletas o con graves deficiencias intelectuales, y no las que padecen patologí­as ambientales como es el caso de esta afectada.

En este sentido, critican la norma y manifiestan que estas personas “pueden sufrir graves crisis de salud simplemente por viajar al lado de una persona que haya utilizado desodorante o colonia”, lo que supone una barrera invisible como si fuera una barrera arquitectónica.

Por ello, la entidad ha celebrado la sentencia que, según afirman, es “un importante paso adelante hacia el reconocimiento de una grave enfermedad que, según el Hospital Clí­nic, puede llegar a afectar en mayor o menor grado hasta un 12% de la población del Estado, ya que admite los efectos invalidantes de las presencia de quí­micos en nuestro entorno cotidiano”.