La Mesa de la Profesión Enfermera, integrada por el Consejo General de Enfermerí­a y el Sindicato de Enfermerí­a (Satse), hizo público un dictamen jurí­dico sobre el Real Decreto de Prescripción Enfermera que concluye que “no se ajusta a la legalidad” y acarrea consecuencias muy graves de carácter penal, civil, laboral y administrativo.

El real decreto que aprobó el Gobierno no permite a los profesionales de la enfermerí­a autorizar la dispensación de medicamentos sujetos a prescripción médica, si antes no cuentan con una prescripción del médico, previo establecimiento del diagnostico medico y asignación de protocolo o guí­a. Carlos Vázquez, coordinador del equipo de juristas que ha participado en el dictamen, dirigido por el catedrático en Derecho Administrativo Juan Alfonso Santamarí­a, manifestó en rueda de prensa que la norma provoca una enorme inseguridad en los propios médicos, puesto que les obliga en todo momento a estar presentes en todos los procesos, y a los enfermeros, ya que les impide llevar a cabo actuaciones que a menudo se les plantean, debido a que podrí­an dar lugar a responsabilidades disciplinarias e incluso penales graves. Según Vázquez, el real decreto genera de esta forma “inseguridad para el propio sistema porque en lugar de cumplirse la finalidad de la ley, que era dar cobertura a una situación de alegalidad, provoca una situación de descoordinación”. A su juicio, esta inseguridad hace desaconsejable la aplicación del real decreto y, por ello, el informe sugiere “su impugnación y pone en manifiesto el riesgo de responsabilidad en el que todos los que intervienen en el proceso puedan incurrir como consecuencia de estas circunstancias”. Además, la Mesa de la Profesión Enfermera denuncia que el texto definitivo aprobado en el Consejo de Ministros fue modificado “en el último minuto, a espaldas de la profesión que se ve directamente regulada, la enfermerí­a”. Para Carlos Vázquez esta modificación también plantea dudas legales, ya que considera que el Gobierno tendrí­a que haber solicitado de nuevo dictamen al Consejo de Estado para conocer su opinión respecto a las novedades que se introdujeron en el proyecto. Señaló que las modificaciones introducidas hacen que las actuaciones de los sanitarios en relación con la prescripción deben llevarse en cada caso particular con la intervención del prescriptor profesional que determine previamente el diagnóstico, la prescripción y el protocolo guí­a. Y además, deberá ser objeto por este profesional del seguimiento adecuado hasta la terminación del tratamiento. “Una modificación que plantea varios problemas y deja sin contenido la regulación legal porque exige la intervención del profesional sanitario en todo momento y en toda circunstancia, tanto para el diagnóstico, la prescripción y la definición del protocolo”, afirma Carlos Vázquez.