La comisionada de Género del Cermi y miembro del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, Ana Peláez, abordó ayer la ponencia ‘La Convención de la ONU: una perspectiva basada en los derechos’, en el marco del curso ‘Personas con discapacidad, ciudadanas de pleno derecho: de la Convención a la práctica real’, organizado por la Fundación Eguí­a-Careaga Fundazioa, dentro de los cursos de verano de la UCM en El Escorial.

Durante su intervención, Peláez ha apuntado que, según datos de la OMS en 2011, mil millones de personas (cerca del 15% de la población mundial) viven con una discapacidad, y, en este sentido, ha denunciado su invisibilidad dentro del Sistema de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y de las constantes vulneraciones de los derechos humanos de las personas con discapacidad.

También ha expuesto que la Convención de la ONU, ratificada por España, consta de un texto compuesto por 50 artí­culos que establecen los principios, valores y mandatos que deben observar los Estados parte que la ratifiquen, donde no se reconocen derechos distintos, y con la que se produce un cambio de paradigma en materia de discapacidad, pasando del modelo médico-rehabilitador al modelo social, y donde el concepto de discapacidad evoluciona.

Asimismo, ha explicado que la Convención reconoce cualquier forma de discriminación (directa, indirecta y estructural), incluida la denegación de los ajustes razonables y la falta de accesibilidad por la no aplicación del principio de diseño universal. Peláez también ha destacado que introduce la accesibilidad como principio rector, ya que garantiza el acceso de las personas con discapacidad e igualdad de condiciones con las demás al entorno fí­sico, al transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologí­as de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertas al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales.

Otras caracterí­sticas que ha resaltado son la obligación de efectuar ajustes razonables, y la importancia de la auto-determinación de las personas con discapacidad, al mismo tiempo que ha hecho referencia a que establece el reconocimiento de los grupos más vulnerables, como: las niñas y niños con discapacidad, las mujeres, las personas mayores, las personas residentes en entornos cerrados y segregados, las personas severamente afectadas por su condición de discapacidad, las que viven en entornos rurales, las migrantes y las de etnias diferentes.

Por último, según ha indicado Ana Peláez, la Convención tiene como objetivo “promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, promoviendo el respeto de su dignidad inherente”.