Dos tercios de los dependientes más graves están atendidos en su domicilio y, de ellos, la inmensa mayorí­a al cuidado de sus familiares, cuando muchos necesitarí­an ayuda especializada. Se trata de enfermos de alzhéimer en su fase más aguda, por ejemplo, o ancianos encamados de escasa movilidad.

Solamente el 26% de los grandes dependientes están en residencias, un servicio que se considera el adecuado para estas personas porque ahí­ recibirí­an ayuda profesional dí­a y noche. Son datos que maneja el Gobierno antes de proceder a aligerar la burocracia que lastra el sistema de atención a la dependencia.

Porque otra de las conclusiones de este informe es que los dos niveles de gravedad en que se dividen los grandes dependientes (nivel II y nivel I) se atienden prácticamente con las mismas ayudas. Quizá por eso la ministra de Sanidad y Servicios Sociales, Ana Mato, recuerda siempre que es necesario simplificar los trámites, y ya desde su llegada al Gobierno se presume que los dos niveles en que se divide cada uno de los tres grados de dependencia (grandes dependientes, dependientes severos y dependientes moderados) puedan eliminarse.

Pero eso puede tener sus pros y sus contras. Desde luego la burocracia se simplificarí­a y posiblemente se ganarí­a en tiempo, porque los dependientes más graves normalmente empeoran pronto: el que se calificó como nivel I no tardará en pasar al nivel II. Revisar todos esos casos lleva su tiempo y, finalmente, las ayudas no son muy diferentes. Pero una reforma así­ no es ajena a ciertos riesgos. ¿Cuántos de los grandes dependientes en su nivel más bajo pasarí­an directamente al grado anterior, es decir, a ser solo dependientes severos, y cuántos de los severos se caerí­an al apartado de los moderados? La consecuencia de este desplazamiento tiene un final lógico: los más leves de los moderados (grado I, nivel I) ya no podrí­an pasar a ningún sitio, directamente se saldrí­an de la ley.

Los responsables de la dependencia en el Ministerio justifican esta posible reforma en que muchos de estos dependientes leves están ya atendidos por los servicios sociales básicos, puesto que su incorporación en el calendario de la ley está establecida para 2013, aunque esta fecha puede aplazarse, como ha ocurrido este año: el Gobierno ha suspendido la entrada al sistema de los moderados prevista para 2012. Pero no es lo mismo estar bajo el sistema de la dependencia, cuyas ayudas se garantizan por derecho, que quedar al albur de los servicios sociales básicos, muy mermados por la crisis (y por la propia Ley de Dependencia). En estos casos, si hay dinero habrá ayuda, si no lo hay…

Por otro lado, la mudanza de los dependientes de un grado a otro inferior conllevarí­a ahorros puesto que el Gobierno no paga lo mismo por un usuario grave que por uno más leve. Todo ello será materia de debate entre las comunidades antes de que se tome una decisión, pero ninguna está en disposición de hacer ascos a un alivio económico. El asunto, en ese caso, serí­a la calidad de la asistencia, el peligro de que un gran dependiente sea atendido como corresponderí­a a un caso más leve.

En este informe, el Gobierno lamenta la “infrautilización” de los servicios de la red pública. “No parece que se utilicen de forma prioritaria ni en función de una mayor necesidad de cuidados profesionales”, advierten. Solo un 26% de los grandes dependientes están en residencias, pero casi el 46% (y el 47% de los severos) están atendidos por sus familiares, “cuando la formación de estos cuidadores se realiza con posterioridad”. Cabrí­a añadir que, en muchos casos, no hay ni siquiera una formación, ni periodos de respiro para las mujeres que pasan el dí­a entero, y quizá la noche, al cuidado de dependientes. Situaciones así­ generan más dependencia y de forma prematura, como advierten siempre los expertos. El Gobierno plantea para estos cuidadores una formación adecuada.

Sorprende también el porcentaje (10%) de grandes dependientes atendidos con teleasistencia, que no es más que un botón para avisar de una caí­da, por ejemplo. Podrí­a decirse que esta ayuda no es única, puesto que es compatible con otras, pero también es cierto que la ratio de ayudas por cada dependiente es de 1,24 como media, así­ que puede que algunos de los más afectados solo reciban esa. No está aclarado en los datos.

A la vista de todo esto, el Ministerio propone simplificar el “entramado de grados y niveles” con que se clasifican las situaciones de dependencia, dado que no encuentran muchas diferencias ni en las valoraciones que se les hacen ni en el tipo de ayuda que conceden para cada nivel dentro de un mismo grado. Proponen también ajustar las prestaciones a las necesidades verdaderas del dependiente. La paga para el cuidador familiar, que se preveí­a como algo excepcional en la ley, se ha convertido en norma, en parte porque así­ lo solicitaban los usuarios ””aunque su opinión no es determinante””, en parte porque no habí­a servicios suficientes para atenderlos. Revertir esa situación requerirá llevar los servicios (residencias, centros de dí­a) allá donde no los haya.

Pero en estos tiempos será difí­cil convencer a los empresarios de que acojan a los dependientes en sus geriátricos cuando algunas comunidades, como Castilla-La Mancha, ya han advertido que recortarán las subvenciones públicas que les dan. A menos que el dinero que resta salga del bolsillo del ciudadano. No es descabellado, puesto que el Ministerio tiene previsto reformar también el copago, es decir, determinar la situación económica del usuario y su aportación, muy dispar entre las comunidades.

La dependencia experimentará grandes cambios, en la valoración de los usuarios, en la financiación del sistema y, posiblemente, en las prestaciones que se reciban. La música parece acertada, pero la letra pequeña está por ver.