Según ha avanzado el secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, los extranjeros que se acojan a este programa tendrán acceso a diagnósticos en materia de prevención y a tratamientos básicos dentro de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, pero no tendrán derecho a la asistencia sanitaria fuera de su comunidad.

Hasta ahora, los inmigrantes en situación irregular podí­an ser atendidos en urgencias, durante el embarazo, el parto, el postparto, y todos los menores de edad tení­an garantizada la asistencia sanitaria. Lo que plantea ahora el Ministerio de Sanidad a las autonomí­as es la creación de un programa de promoción de la salud, prevención de enfermedades y prestación de asistencia sanitaria dirigido a extranjeros empadronados en España y “que no estén registrados ni autorizados”.

Aquellos inmigrantes que quieran acogerse a este programa deberán reunir los siguientes requisitos: ser mayor de edad, no tener reconocido por la Seguridad Social la condición de asegurado o beneficiario y no exportar el derecho a la asistencia sanitaria desde el paí­s de origen.

Tampoco podrán reunir los requisitos para suscribir un convenio especial de asistencia sanitaria -la reforma establecí­a convenios para quienes tení­an un renta superior a los 100.000 euros- y tendrán que cumplir un plazo mí­nimo de empadronamiento que se acordará con las comunidades.

Además, se tendrá en cuenta el lí­mite de ingresos por unidad familiar, de manera que la renta anual deberá ser inferior a 1,5 veces el valor del Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples).

Los inmigrantes que se acojan a este programa tendrán derecho a la inclusión en programas de salud pública, a la asignación de profesionales en el ámbito de la atención primaria, a diagnósticos en materia de prevención y a tratamientos básicos de enfermedades según lo que establezca el médico de atención primaria y dentro del marco de la cartera común de servicios básicos.

Este programa no dará derecho a la asistencia sanitaria en otra comunidad distinta a la que está empadronado, ni a otros paí­ses de la UE con cargo a esa comunidad.

Tampoco conllevará el traslado a centros sanitarios de fuera del territorio de la región ni el derecho a ser tratado médicamente con cargo a fondos públicos fuera del territorio español.

Sanidad planteará a las autonomí­as que sean los trabajadores sociales de los centros de salud quienes emitan un documento de inclusión en el programa y que, con ese documento y el pasaporte o el documento de identidad, se presente el paciente cada vez que requiera asistencia sanitaria. El ministerio que dirige Alfonso Alonso propondrá que este documento tenga una validez de un año y pueda ser renovado vencido dicho plazo. Moreno ha destacado que las personas que no reúnan los requisitos de tiempo mí­nimo de empadronamiento pero que tengan un informe médico, una enfermedad considerada de tratamiento obligatorio, contagiosa o una enfermedad mental, puedan ser incluidas en el programa sin esperar el tiempo mí­nimo de empadronamiento.