Sanidad aumentará un 9% sus…

En la imagen, cajoneras con medicamentos de un establecimiento farmacéutico.La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, tiene previsto aumentar un 9% sus ingresos por la tramitación de procedimientos de autorización, modificación, renovación o mantenimiento de medicamentos en el mercado o la realización de evaluaciones cientí­ficas de los que ya están aprobados, gracias a la reforma de la Ley del Medicamento que se está tramitando en el Congreso.

Así­ lo ha asegurado la titular del ramo, Ana Mato, durante el debate en el pleno de la Cámara Baja de una enmienda a la totalidad presentada por la Izquierda Plural al proyecto de Ley que permitirá dicha reforma, que ha sido rechazada tras no contar con el apoyo del resto de partidos de la oposición salvo el PSOE.

Precisamente, la próxima semana se debatirán las enmiendas parciales del resto de grupos y el jueves se aprobará el texto en la Comisión de Sanidad, por competencia legislativa plena, para que pueda continuar su tramitación parlamentaria en el Senado. La reforma, según ha explicado Mato, conlleva la modificación de los importes de las tasas que percibe la AEMPS por sus servicios para “adecuarlas al momento actual”, lo que le permitirá ingresar unos 5 millones de euros más de lo que recaudó en 2012.

Pese a todo, asegura que las tasas están “en la media baja” si se compara con las que tienen el resto de agencias reguladoras europeas ya que, mientras que en España los laboratorios deberán pagar unos 20.000 euros por la autorización de comercialización de un nuevo medicamento, en Reino Unido recaudan hasta 117.000 euros por el mismo motivo.

Por último, ha recordado la ministra, se incluyen excepciones en el pago para la fabricación de medicamentos sin interés comercial, pero de interés sanitario, como los destinados a tratar enfermedades raras; o para las actividades relativas a medicamentos de terapia avanzada cuando vayan a ser realizadas por entidades públicas integradas en el Sistema Nacional de Salud (SNS), siempre que no estén destinadas a la comercialización.