El Sistema Nacional de Salud luce armadura como uno de los más generosos y mejores del mundo, pero no paga sus deudas. En 2006 las facturas sin abonar eran 6.000 millones, según la Intervención General del Estado. Hoy, la deuda acumulada con los proveedores sanitarios supera los 16.000 millones, casi el 30 por ciento del presupuesto autonómico en salud (54.000 millones en 2012).

Para el equipo económico y sanitario del Gobierno, el sistema “se ha vuelto completamente insostenible”, según la ministra de Sanidad, Ana Mato, y necesita cirugí­a urgente. Del bisturí­ y el tratamiento se encargarán el miércoles las autonomí­as y el Ministerio en en un pleno del Consejo Interterritorial del SNS que acordará soluciones para ahorrar unos 7.000 millones, según el objetivo del Ejecutivo.

De cumplirse el plan a rajatabla, y Bruselas ya ha pedido detalle de las cuentas, España retrocederá hasta el pelotón de paí­ses europeos que menos invierte en sanidad. Si en 2009 este gasto público equivalí­a al 7%del PIB, media de las economí­as más desarrolladas de la OCDE, el ajuste reducirá el esfuerzo al 6,4%, sólo por delante de Grecia, Eslovenia, Hungrí­a o Polonia, y a gran distancia de Dinamarca (9,8 por ciento), Francia (9,2) o Alemania (8,9).

Será el precio de una reforma que recortará gasto e introducirá cambios que aseguren la viabilidad de un sistema público que debe afrontar el reto demográfico del envejecimiento y poner fin al sí­ndrome de barra libre autonómica. Mato aboga por “eliminar lo superfluo, asegurar lo fundamental y hacer más eficaz el sistema”. Tres principios para una reforma que se someterá a la aprobación de Montoro.

Lo más fácil hasta ahora ha sido recortar en medicamentos. La ministra ha avisado de que el gasto farmacéutico está “disparado” y que profundizará en la prescripción de genéricos. España dedica unos 17.000 millones anuales a financiar recetas y gasto hospitalario en fármacos. Pero los laboratorios, distribuidores y farmacias advierten de que no dan más de sí­, pues esta partida acumula una bajada del 11,2% en dos años y se espera se reduzca en 1.000 millones en 2012 con las medidas en vigor. Difí­cil de digerir para laboratorios y farmacias a los que las Administraciones adeudan más de 8.000 millones. Por eso, las patronales del sector piden fórmulas que reduzcan el número de recetas prescritas y no los precios, un 30 por ciento más bajos que en Europa.

Sobre el copago farmacéutico, Mato ve “razonable que paguen más los que más tienen”, si bien limita esta progresividad, que afectará también a los pensionistas de rentas altas. Los médicos de familia apoyan la medida. De momento, la única propuesta firme es subir el lí­mite de la aportación reducida que hacen los pacientes crónicos por envase, fijado en 2,64 euros desde 1993, por encima de los 4 euros, aparte de subir las tasas de registro de nuevos medicamentos.

“El copago no va a solucionar nada y su coste burocrático es muy alto”, advierte Ignacio Para. El presidente de la Fundación Bamberg pone el ejemplo del copago en Portugal, “que tiene tantas excepciones que sólo pagan los que ya cuentan con un seguro privado”. La secretaria general del PP apuesta por el copago incluso en la consulta médica, además de desfinanciar los fármacos más baratos.

Los consejeros tendrán que decidir si aplican un nuevo “medicamentazo” y excluyen de la financiación pública grupos terapéuticos como mucolí­ticos, ansiolí­ticos, omeprazoles para la acidez de estómago, antigripales, entre otros fármacos indicados en sí­ntomas menores, que puede ahorrrar más de 1.000 millones.

El Ministerio busca subvencionar sólo los tratamientos, productos y tecnologí­as eficientes que sean coste eficaces en la futura ley de cartera básica de servicios, que pondrá orden en el actual caos autonómico. El objetivo es fijar un mí­nimo común para evitar discriminaciones entre ciudadanos a cuenta de los presupuestos generales. Sólo Baleares, Castilla y León, Navarra y La Rioja cubren los tratamientos de deshabituación tabáquica, mientras que Andalucí­a, Aragón, Baleares, Extremadura y Navarra abonan la salud bucodental infantil, según PwC. Todos los tratamientos que se consideren no esenciales pueden quedar eliminados o restringidos, como los de fertilidad o estéticas.

El Gobierno también quiere controlar el “turismo sanitario” y definir quién tiene la condición de asegurado. Y es que “la sanidad española no es universal, es cósmica porque entra cualquiera”, cree la directora general de Farmacia, Sagrario Pérez. España revisará la asistencia de 700.000 extranjeros, que podrí­a ahorrar 1.000 millones.

Durante el fin de semana se sucedieron las crí­ticas a los recortes en sanidad. La Organización Médica Colegial pidió al Ejecutivo que “piense más en los ciudadanos y menos en los mercados”. No obstante, reconoce que “algo hay que hacer” ante la situación financiera” y que recortar en Sanidad “no es plato de buen gusto para ningún Gobierno”.

La reunión de Mariano Rajoy con sus ‘barones’ territoriales concluyó con una serie de “reflexiones” que ayudarán a preparar la sectorial de educación y sanidad que se presentarán el miércoles.