Expertos y representantes del sector de la discapacidad alertaron en una mesa de debate de que el avanzado marco normativo que España disfruta en materia de discapacidad puede terminar no siendo eficaz si tanto Administración como sociedad no se implican de forma más decidida en garantizar el cumplimiento del mismo.

“Lo que se publica en el BOE no se aplicará de manera efectiva mientras la Administración y la sociedad no se impliquen de forma más decidida en exigir el cumplimiento de la normativa sobre discapaciad”, señaló Miguel íngel Cabra de Luna, director de Relaciones Sociales e Internacionales y Planes Estratégicos de Fundación ONCE, en el marco de la Mesa de Debate ‘La protección jurí­dica de las personas con discapacidad’.

Cabra de Luna participó en este foro junto al director general de Polí­ticas de Apoyo a la Discapacidad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ignacio Tremiño; el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo Pérez Bueno; la directora de la Fundación Aequitas del Consejo General del Notariado, Almudena Castro-Girona, y la letrada del Congreso Clara Garrido.

En relación con el nivel de efectividad de la legislación en materia de protección de derechos de las personas con discapacidad en España, Castro-Girona apeló al ejemplo de las infracciones de tráfico y abogó por la importancia básica de establecer “un sistema de infracciones y sanciones que se aplique con todo el rigor”, para garantizar el cumplimiento de la normativa en asuntos como la accesibilidad universal.

Clara Garrido, la primera letrada ciega del Congreso de los Diputados, subrayó que conseguir ese objetivo es un trabajo de todos, no sólo de la Administración. “Ninguno de los artí­culos de la Constitución que reconoce derechos fundamentales excluye a las personas con discapacidad. Es necesario convencer a las personas con alguna discapacidad de que no solo tienen la posibilidad de ejercer estos derechos, sino la obligación de hacerlo”, indicó.

Por último, en una lí­nea similar se expresó Luis Cayo Pérez Bueno. “Ninguna ley, ningún fiscal va a estar más interesado en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad que las propias personas con discapacidad. Son las personas con discapacidad las que dí­a a dí­a tienen que mostrar tolerancia cero con la exclusión y la discriminación, y utilizar todos los mecanismos que les da el Estado de Derecho para evitar que se produzcan este tipo de situaciones”, dijo el presidente del Cermi.