Recuerdan la obligación de las administraciones de promover la igualdad de oportunidades en el empleo público
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) destacó recientemente la obligación de las administraciones públicas de promover acciones que favorezcan la igualdad de oportunidades, de acuerdo con los principios de no discriminación y accesibilidad universal, sin perjuicio de la igualdad de condiciones de acceso a la cobertura de puestos de empleo público.
Así lo aseguró Luis Alonso, gerente del Cermi, durante la conferencia ‘Las personas con discapacidad en el empleo público en España’, en el marco de la jornada europea ‘Monitorizando la puesta en práctica de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de Personas con Discapacidad’, que ha reunido en Croacia a más de 200 representantes del movimiento de la discapacidad de toda Europa, organizada por el Foro Europeo de la Discapacidad (EDF) en cooperación con sus miembros croatas, SOIH, en el marco de la Asamblea anual del EDF, del cual el Cermi es la entidad española de referencia.
Las diferentes sesiones de la jornada se han centrado en el derecho al trabajo con ejemplos sobre reformas legislativas y de protección social para asegurar la igualdad en el acceso al mercado de trabajo para personas con discapacidad, así como sobre la participación de mujeres y hombres con discapacidad, incluyendo a niños y niñas, y sus organizaciones representativas en la puesta en práctica de la Convención de la ONU. En estos términos, el movimiento de la discapacidad adoptó en este marco una resolución sobre el futuro de la sostenibilidad financiera de la participación civil del movimiento de personas con discapacidad en Europa.
Por último, para el Cermi, según señaló Alonso, la reserva de puestos de trabajo en la Administración Pública siempre ha sido considerada como un importante nicho de mercado para la inclusión de las personas con discapacidad a través del empleo. Según puntualizó, un total de 1.595 persona con discapacidad oficialmente reconocida accedió a un empleo público en la Administración General del Estado en el periodo 2003-2011, a través de los mecanismos de reserva de empleo establecidos en la normativa reguladora de la función pública.