El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) recordó que los derechos humanos de las personas con discapacidad se ven afectados “sensiblemente” cuando las empresas no garantizan su plena igualdad a través de mecanismos como la accesibilidad universal.

Así­ se manifestó la delegada del Cermi para la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y para los Derechos Humanos, Leonor Lidón Heras, durante su participación en el ”˜Congreso internacional responsabilidad civil por violación de los derechos humanos por parte de las empresas”™, organizado por la Universidad de Sevilla.

La delegada del Cermi explicó durante su ponencia que impulsar la inclusión es una obligación de toda la sociedad, y no es algo exclusivo ni del sector público ni del privado. Por ello, hizo un llamamiento a toda la ciudadaní­a a esforzarse para garantizar los principios de igualdad, no discriminación y autonomí­a.

Para ello, recordó la reciente observación general del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad relativa a la accesibilidad, que afirma que la obligación de accesibilidad compete a todos, y que no es una cuestión de titularidad pública o privada, sino de garantí­a de derechos, por cuanto la inaccesibilidad debe considerarse como una vulneración de la igualdad y no discriminación.

Además, Lidón ensalzó la contribución de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que entre otras cosas ha reforzado la visión de la discapacidad desde un punto de vista de los derechos humanos, diferenciando este punto del aspecto biológico. “Misma condición de persona, mismos derechos, mismo entorno”, es a juicio de la delegada del Cermi la clara premisa de la Convención de la ONU, para lo que “deben eliminarse las barreras que lo impiden”.

El encuentro sirvió también para continuar con la recogida de firmas en apoyo de la campaña del Cermi contra el ‘copago confiscatorio’ en dependencia y autonomí­a personal, con el fin de presentar una iniciativa legislativa popular (ILP) en el Parlamento para que se establezcan unos criterios de copago que no expulsen a nadie del sistema.