El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) se ha dirigido a la Comisión Europea, a través del comisario de Cambio Climático y Energí­a, el español Miguel Arias Cañete, para reclamar la modificación de la Directiva de 2009 sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, con el fin de que se incluya en la categorí­a de consumidores eléctricos vulnerables a las personas con discapacidad y a sus unidades familiares.

Tal y como informa el propio Comité en su nota de prensa, la consideración de consumidor vulnerable implicarí­a rebajas en las tarifas de suministro eléctrico. A juicio del Cermi, la normativa europea, al contrario del texto vigente, debe definir con claridad las categorí­as de consumidores de energí­a eléctrica a los que se considera en la legislación comunitaria como consumidores vulnerables, definición que vincularí­a a los Estados miembro, que estos deberí­an respetar necesariamente y en su caso podrí­an ampliar en la esfera nacional, si así­ lo entienden.

Además de enunciar con precisión estas categorí­as, concretando el concepto de consumidor vulnerable, el Comité plantea la reforma de la Directiva vigente para que mencione expresamente a las personas con discapacidad y las unidades de convivencia donde estas se integran como consumidores eléctricos en situación de vulnerabilidad.

Las razones para esta inclusión son múltiples, pues las personas con discapacidad son más propensas a sufrir los efectos de la pobreza energética, no solo por su acusado menor nivel de renta que la media ciudadana, sino también porque son consumidores más intensos de energí­a eléctrica, tanto porque hacen uso de productos de apoyo para su autonomí­a y salud que funcionan con electricidad (sillas de ruedas, respiradores, grúas, domótica, etc.), como porque debido a las barreras del entorno y la falta de apoyos para una vida independiente en la comunidad, permanecen más tiempo en sus hogares, lo que les lleva a incrementar el consumo medio de electricidad.