La Jornada sobre Protección de datos en Salud Pública: ‘Retos ante el nuevo reglamento europeo”, celebrada en la sede de la OMC por la Sociedad Española de Epidemiologí­a (SEE), en colaboración con la Organización Médica Colegial, sirvió para analizar los problemas que un nuevo reglamento europeo puede propiciar si se impide el acceso a bases de datos de pacientes y se impone el consentimiento informado en todos los casos o el uso de datos completamente anónimos, sin excepciones.

De llevarse a cabo estas medidas, como subrayaron algunos de los intervinientes, harí­an impracticables determinados estudios o sus resultados no serí­an válidos debido a los sesgos de la información recopilada. Así­, expertos en Salud Pública, juristas, miembros de la Agencia de Protección de Datos, expertos del Centro Nacional de Epidemiologí­a y representantes de distintos partidos polí­ticos, entre otros, expusieron y debatieron a través de tres mesas redondas los problemas existentes en torno a la confidencialidad y el uso de la información personal en Salud Pública, así­ como los retos y los peligros del nuevo reglamento europeo, además de la visión de los partidos polí­ticos.

Las principales conclusiones a las que se llegaron al final de la Jornada pasan por insistir en que “el derecho a la protección de los datos y a la intimidad debe compaginarse con el derecho a la salud de la población: salud pública de calidad se basa en la gestión inteligente de información y conocimiento”, tal como se indicó. También se analizó en qué fase de elaboración se encuentra el reglamento europeo de protección de datos que, según los expertos participantes en esta Jornada, sigue su curso, en el sentido de que el Parlamento europeo aprobó su versión, más restrictiva. Mientras el Consejo de Europa tiene ya aprobado un 60% del texto y probablemente se avance bastante más durante la Presidencia actual de Letonia pero aún queda trabajo pendiente.

Por último, dicho reglamento tiene entre sus principales fines, tal como se expuso: facilitar el movimiento de datos; actualizar la legislación europea para adaptarla a los avances en las tecnologí­as de información; proteger los derechos y libertades de los ciudadanos ante dichos avances; y unificar legislaciones de los distintos Estados miembros de la UE.