El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) acaba de plantear al Gobierno central que la reforma de las administraciones públicas aprobada en Consejo de Ministros “asuma con decisión la dimensión social e inclusiva” del colectivo de personas con discapacidad.

Precisamente, el Cermi reclama en una nota que la reforma propuesta “no se limite a cuestiones de dimensión y tamaño de las estructuras y de cambio formal de los procesos y procedimientos, sino que ha de servir para asumir con convicción la dimensión social de forma que la actuación de la Administración sea un factor generador de cambio positivo en favor de la inclusión, el bienestar y los derechos de los grupos sociales más vulnerables”.

Asimismo, a juicio de la organización, esta reforma “ha de incorporar la atención y la gestión de la diversidad como uno de los principios rectores de la acción pública, que evite las espirales de exclusión en que incurren las distintas administraciones cuando se relacionan con las personas con discapacidad y sus familias, las cuales ven las estructuras administrativas más como una amenaza que como una oportunidad para su desarrollo personal y social”.

Por último, según el Cermi, este nuevo enfoque “debe traducirse en una Administración accesible exenta de barreras y obstáculos, abierta e inclusiva con las personas con discapacidad, que no reste posibilidades para el ejercicio de los derechos ciudadanos, ni merme su participación plena en la gestión de los asuntos o en el acceso a los servicios públicos”. Junto a la accesibilidad universal de los entornos y procesos, la organización considera que la nueva configuración administrativa “debe estar al servicio de los objetivos de inclusión y bienestar a través, por ejemplo, de la dimensión social de la contratación pública o de la asunción de la responsabilidad social de las administraciones públicas”.