El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) es partidario de que la futura Ley de Acceso a la Información, Buen Gobierno y Transparencia, que se tramita en estos momentos en las Cortes, se aplique a las entidades de iniciativa social, “ya que la transparencia es un valor esencial de las organizaciones ciudadanas, del que estas deben hacer gala”.

Aunque en el texto del proyecto de ley remitido por el Gobierno al Congreso no estaba previsto, diversas enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios extienden las obligaciones de transparencia a las entidades sociales, además de a los partidos polí­ticos, los sindicatos y las organizaciones empresariales, entre otros. Así­, las organizaciones sociales que reciban anualmente en concepto de subvenciones y ayudas públicas al menos 100.000 euros o la mitad de sus ingresos procedan de los presupuestos públicos, siempre que alcancen como mí­nimo los 3.000 euros, deberán adoptar todas las medidas de transparencia económica y de funcionamiento recogidas en la futura Ley.

Por último, según indica el Cermi, “la transparencia es un valor consustancial a las organizaciones de base social, que la mayor parte de ellas ya vienen practicando motu proprio, por lo que su exigibilidad legal es una garantí­a más para la ciudadaní­a, que podrá ver reforzada así­ su confianza en la actuación de la sociedad civil articulada”.