El Grupo Parlamentario Popular defenderá hoy, miércoles, en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de los Diputados una proposición no de ley en la que insta al Gobierno a regular la profesión ortoprotésica dentro del Sistema Nacional de Salud (SNS).

La iniciativa aboga, asimismo, por impulsar la actualización, coordinación y la mejora de la normativa sobre establecimientos dispensadores de la prestación ortoprotésica. Igualmente, pide al Ejecutivo que actualice el contenido de los programas formativos, “así­ como las competencias de los profesionales ortoprotésicos, adaptándolas al progreso cientí­fico y técnico”.

Según explica el PP en la exposición de motivos de su propuesta, a diferencia de lo que ocurre en otros paí­ses europeos en España el sector ortoprotésico no se encuentra todaví­a regulado, “lo que origina problemas como la deficiente calidad de la atención al usuario o la venta y adaptación de material ortopédico por parte de personal no cualificado”. El Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, regula dentro de la cartera suplementaria la prestación ortoprotésica, recuerdan los populares.

Sin embargo, añaden, la calidad de la dispensación de los productos ortoprotésicos “y de la orientación para los pacientes se encuentra aún pendiente de definir”. Por lo que se refiere a la profesión ortoprotésica, el Grupo Popular afirma que “es necesario que su importancia sea reconocida por la sociedad y por las autoridades sanitarias”. Para ello y para garantizar la formación y cualificación de estos profesionales, añade, “urge proceder a su regulación dentro del conjunto de las profesiones sanitarias e impulsar, sin más dilación, el desarrollo de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias”.

De otro lado, indica el texto, en lo relativo a los establecimientos ortoprotésicos, “la situación tampoco resulta aceptable”, ya que se proyecta sobre ellos una regulación caracterizada por una gran heterogeneidad, en función de las distintas comunidades autónomas. Hay que tener en cuenta, señala el PP, que el Sistema Nacional de Salud delega esta competencia a las comunidades autónomas para que sean ellas quienes decidan cómo realizar la cobertura del gasto ortoprotésico y qué productos se contemplan y cuáles no.

Por último, sin embargo, añade, “es necesario establecer unos criterios básicos comunes que configuren con mayor precisión las condiciones técnico-sanitarias de las ortopedias, en especial en lo relativo a licencias, medios materiales, instalaciones, equipamiento, personal, estructura organizativa y responsables técnicos”.