El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) acaba de plantear a la Comisión Europea que los apoyos públicos a las polí­ticas sociales y de inclusión de grupos vulnerables tengan el mejor tratamiento posible en la regulación de las ayudas de Estado, tras la revisión a las que serán sometidas y cuyo proceso comenzará en breve con una consulta a todas las partes interesadas.

Precisamente, el Cermi señala que, con el fin de que las ayudas públicas no distorsionen la competencia y las reglas del libre mercado, la Unión Europea cuenta con una regulación muy estricta que limita el nivel de apoyo económico que los Estados pueden otorgar a los distintos sectores económicos y sociales. Esta normativa, según indica el Comité, afecta a las ayudas públicas que pueden recibir las entidades del Tercer Sector para desplegar estrategias, programas y acciones de inclusión y promoción de grupos vulnerables o en riesgo de exclusión social, como el de las personas con discapacidad y sus familias.

Precisamente, ahora, la Comisión Europea pretende revisar el reglamento de excepciones por categorí­as, para lo cual lanzará con carácter inmediato una consulta masiva con objeto de recabar las opiniones de las partes con interés en esta regulación antes de proceder a su modificación. En este proceso, el sector español de la discapacidad informó de que pedirá a las instituciones comunitarias que el nuevo reglamento otorgue a las ayudas que se destinen a fines sociales el estatuto más favorable posible, “atenuando los rigorismos y las severas limitaciones que caracterizan a las normas europeas, que sobreprotegen lo económico frente a lo social”.