El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) se ha dirigido a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para trasladar la ‘enorme inquietud del sector social de la discapacidad por las intenciones del Gobierno de la nación de promover una modificación normativa del régimen local que comportarí­a la desposesión de las entidades locales de atribuciones y competencia en materia de servicios sociales e inclusión’.

Una vez examinado el texto del anteproyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, el Cermi considera ‘un grave error privar a los ayuntamientos de competencias en materias sociales y de inclusión, y transferirlas sin más a las comunidades autónomas, que serí­an las únicas que en el futuro tendrán atribuciones en este ámbito’.

A juicio del Cermi, el proyecto de reforma de la Ley de Bases de Régimen Local presentado por el Gobierno ‘se equivoca de modo notable en este punto, ya que los mejores modelos de polí­ticas sociales y de inclusión son precisamente aquellos en que estas competencias están en manos de las corporaciones locales, más cercanas a la ciudadaní­a, dado que si lo social se caracteriza por algo es por la proximidad y la atención directas’.

‘Arrebatar a los ayuntamientos y demás entidades locales de competencias sociales a favor de las comunidades autónomas, como hace la iniciativa legal del Gobierno, no responde a cuestiones de modelo, de elegir el mejor sistema pensando en satisfacer las necesidades de los ciudadanos, sino a un factor del momento, como es la situación económica y presupuestaria de las corporaciones locales’, añade.

El Cermi ha planteado al Ejecutivo que las entidades locales no solo no pierdan competencias en materia social, sino que se aproveche la reforma legal para reforzar esta atribución, en detrimento de las comunidades autónomas, para lo cual hay que garantizarles una financiación adecuada.

El comité considera que ‘la experiencia demuestra, tras más de 30 años de competencias sociales en manos de las autonomí­as, que este no es el mejor modelo de gestionar los derechos sociales, que en España están en niveles que no se corresponden a la capacidad económica del paí­s, lo que en gran parte es responsabilidad del privilegiar el sistema autonómico en perjuicio del local’.

Por último, en una carta al presidente de la FEMP, íñigo de la Serna, el Cermi solicita que la máxima representación del mundo local ‘se oponga a estos propósitos gubernamentales y dada su gran capacidad de influencia y presión, reclame el mantenimiento de las competencias sociales en sede local, con las garantí­as de financiación adecuadas’.