La diputada socialista por Toledo, Guadalupe Martí­n, y la diputada socialista por Ourense y portavoz del PSOE en materia de discapacidad, Laura Seara, han registrado en el Congreso de los Diputados una Proposición no de Ley con la que se insta al Gobierno, en colaboración con las comunidades autónomas en el ámbito de sus respectivas competencias, a garantizar la disponibilidad de servicios de intérpretes de lenguas de signos para las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, en sus relaciones con las administraciones públicas, especialmente en comisarí­as, servicios de urgencias sanitarias y servicios de atención a mujeres ví­ctimas de violencia de género.

Guadalupe Martí­n recuerda que: “en la Ley 27/2007 se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas” e insiste: “Esta ley ha supuesto un importante avance pues dio respuesta a las necesidades de un colectivo que vení­a demandando el apoyo y la implicación de las administraciones públicas para lograr su integración efectiva”.

El despliegue gradual que estaban teniendo dicha Ley se ha visto frenado por las polí­ticas de recortes en el gasto social del Gobierno del PP en algunas comunidades autónomas como Castilla-La Mancha: “Las consecuencias de estos recortes para los colectivos con mayores dificultades, como ancianos, dependientes y personas con discapacidad, son notables en todos los ámbitos pero son especialmente graves en situaciones de urgencia”, afirma.

Por ello, sostiene que “las razones de tipo económico en ningún caso deben amparar que las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas se vean privadas de su derecho a disponer de servicios de intérpretes de lengua de signos, sobre todo en situaciones de máxima necesidad”.