El Grupo Parlamentario Popular y el de UPyD en el Congreso de los Diputados proponen que los profesionales sanitarios tengan variables en su retribuciones “en función de lo que se es, se hace y los resultados que se obtienen”, para lo que se deberí­a medir su productividad, í­ndices de satisfacción y calidad del servicio prestado.

Precisamente, así­ se desprende de las propuestas de la Subcomisión para el análisis de los problemas estructurales del sistema sanitario y de las principales reformas que deben acometerse para garantizar su sostenibilidad, creada en marzo de 2012 con el objetivo de alcanzar un Pacto polí­tico por la sanidad y en la que ambos grupos se quedaron solos tras la renuncia del resto de grupos parlamentarios en protesta por las medidas impulsadas por el Ministerio de Sanidad en este ámbito. Precisamente la creación de un Pacto de Estado es la primera medida recogida en el documento elaborado por esta Subcomisión, al que ha tenido acceso Europa Press, ya que ambos partidos entienden que con este acuerdo se “evita la confrontación partidista” y “revitaliza” consensos polí­ticos, profesionales y sociales en torno al “principal pilar del Estado del Bienestar”. El objetivo es que este Pacto sea similar al Pacto de Toledo alcanzado en los años 90 en materia de pensiones. De hecho, proponen crear en el Congreso una Comisión de Seguimiento y Evaluación del pacto de Estado por la Sanidad, como la que ya hay sobre el Pacto de Toledo, para velar por el cumplimiento de las medidas que el Ministerio consensúe con el resto de agentes en el sector.

La citada comisión, además, deberí­a convocar periódicamente a los agentes sociales, económicos y profesionales para conocer el contenido y el alcance de los acuerdos que se formulen para “fortalecer el derecho a la protección de la salud y mejorar el funcionamiento del sistema sanitario en su conjunto”. Pero además del citado pacto, PP y UPyD proponen una serie de medidas para mejorar la sanidad pública en España, tales como definir un modelo de financiación “estable, suficiente, respetuoso con el principio de estabilidad presupuestaria” y “garantizar el pago a proveedores” mediante un control de las inversiones realizadas por las comunidades, que son las que tienen transferida las competencias en materia sanidad.

Por último, este control, explican en el documento, se realizarí­a “desde el principio de la efectividad con indicadores de medición”. También proponen agilizar la compensación económica por atención a pacientes entre comunidades y establecer un sistema eficaz de facturación a terceros nacional e internacional; así­ como desarrollar la colaboración con la sanidad privada “siempre procurando la optimización de los recursos propios del sistema público”, entre otras medidas.