Proponen que las ONG de…

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados que insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para permitir a las entidades sin ánimo de lucro que trabajan por la integración de las personas con discapacidad, optar a los servicios de transporte público especí­fico para escolares con discapacidad.

Según explica el PSOE en la exposición de motivos de su iniciativa, hay entidades sin ánimo de lucro que prestan desde hace años servicios variados a las personas con discapacidad, entre ellos el del trasporte escolar adaptado para alumnos con necesidades especiales.

 

La peculiaridad de este tipo de transporte, añade, está en el hecho de que ha de ser “de puerta a puerta”, ya que el acceso de estos alumnos a una parada ordinaria “es prácticamente imposible”, lo que supone contar con una flota de vehí­culos pequeños que permita este tipo de recorridos.

Pese a esto, aseguran los socialistas, legalmente, las entidades sin fines lucrativos no pueden desarrollar esta modalidad de transporte público regular de uso especial de escolares por carretera. Dichas entidades pueden hacer el transporte escolar adaptado para sus propios asociados con la consideración de transporte privado complementario, pero no el de transporte público regular de uso especial.

Por este motivo, la proposición no de ley sostiene que “es necesario buscar alguna solución” para que no se limite o vulnere la posibilidad de concurrencia también mediante procedimientos en abierto a las entidades sin ánimo de lucro que trabajan con personas con discapacidad.

Por último, se trata, por tanto, resume el texto del PSOE, de que estas entidades puedan prestar estos servicios, “para los que están preparadas tanto en recursos materiales como en personal formado, incorporándolo como una actividad más de las que desarrollan en beneficio de las personas con discapacidad”. Y es que, apunta el Grupo Socialista, “esta actividad no serí­a contraria a las directivas europeas en esta materia, que no impiden a las entidades sin ánimo de lucro poder tener tarjeta de transporte.