El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) acaba de plantear al Gobierno unas correciones en el anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, con el objetivo de que contemplen las cuestiones relativas a la discapacidad en el ámbito local, tal y como obliga la próxima reforma de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Precisamente, esta plataforma propone que hay que incorporar, dentro del enunciado de derechos y principios de la ley, el derecho a la igualdad de oportunidades y no discriminación, a la inclusión social y a la accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Asimismo, apunta que la discapacidad organizada sostiene, ‘de modo enérgico’, que la prestación de servicios sociales y de promoción e inclusión sociales ‘deben seguir siendo también competencia de las entidades locales’, al mismo tiempo que opina que hay cambiar también los servicios obligatorios o mí­nimos que deben prestar los municipios en función de su población.

En materia de accesibilidad, expone que a las administraciones locales les corresponde la aprobación de ordenanzas de accesibilidad, en desarrollo, de las leyes de accesibilidad de las comunidades autónomas y de las referidas condiciones básicas de accesibilidad que se aprueben en el marco de la Ley de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad (Liondau).

Así­, plantea que los acuerdos por los que se aprueben los planes o instrumentos de ordenación, planeamiento y gestión, previstos en la legislación urbaní­stica, así­ como cualquier expediente administrativo de autorización, serán nulos cuando incumplan dichas normas.

También mantiene que en todas las actividades de información y publicidad de las entidades locales se deben tener en cuenta las necesidades de los distintos tipos de discapacidad, garantizando su accesibilidad y la prestación de servicios inclusivos.

Por otra parte, en relación a la contratación pública, propone que las entidades locales únicamente contratarán bienes y servicios que cumplan las normas y requerimientos técnicos en materia de accesibilidad universal y diseño para todos.

Además, el Cermi destaca como uno de los grandes retos de futuro, la creación de ‘más amplios’ procedimientos de consulta y participación de la sociedad civil en la toma de decisiones polí­ticas.