La profesora de Derecho Civil de la Universidad de Granada y patrona de la Fundación Derecho y Discapacidad, Esperanza Alcaí­n, ha presentado el avance del Informe sobre Protección Jurí­dica de personas con discapacidad en España, de la Fundación Derecho y Discapacidad.

El informe analiza el golpe que la fuerte crisis actual está ocasionando en las personas con discapacidad y sus familias, y se incluye un apartado dedicado a los recientes acuerdos sobre las cumbres comunitarias que delinean el panorama de las polí­ticas sociales y determinan el destino de parte de los fondos europeos a las personas con discapacidad.

En el informe se recomienda que la reforma del sistema de asistencia jurí­dica gratuita planteado por el Gobierno debe constituir una ví­a “adecuada” para facilitar el acceso a la Justicia para las personas con discapacidad en consonancia con los planteamientos de la Convención de la ONU.

En este sentido, se propone la creación de un turno de oficio especializado para personas con discapacidad y de juzgados especializados en materia de derechos de personas con discapacidad en los órdenes jurisdiccionales civil, social y contencioso-administrativo.

Otra de las observaciones que realiza el Comité es que se está alargando la regulación del régimen de infracciones y sanciones en materia de discapacidad en las Comunidades Autónomas; y, si bien la Ley de Infracciones y Sanciones actúa como una norma que contiene estándares mí­nimos comunes en todo el territorio del estado español, su ámbito de aplicación mantiene una fragmentación territorial.

Además, señala que la situación de inaplicabilidad de esta normativa está creando una percepción de impunidad que desmotiva emprender cualquier acción legal.