El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha presentado en el Congreso de los Diputados cinco propuestas de enmienda al proyecto de Ley del Estatuto de la Ví­ctima del Delito, con el objetivo de fortalecer y asegurar un mayor grado de protección jurí­dica, información, apoyo, asistencia y atención de las personas con discapacidad ví­ctimas de delitos.

En este estatuto se contemplan los derechos tanto procesales como extraprocesales de todas las ví­ctimas de delitos desde un concepto amplí­o de ví­ctima, es decir, cualquiera que sea el delito y la naturaleza del perjuicio fí­sico, moral o material que le haya causado. Asimismo, incluye a la ví­ctima directa e indirecta como familiares o asimilados. Por ello, el Cermi ha dirigido sus propuestas especialmente a la defensa del derecho de todas las personas con discapacidad al acceso a la Justicia, sin exclusiones y discriminaciones, tal y como se señala en el artí­culo 13 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas ratificada por España.

La primera de las enmiendas presentadas se refiere al derecho a entender y ser entendido. El artí­culo 4.a del estatuto establece la necesidad de que todas las comunicaciones con las ví­ctimas, orales o escritas, se harán en un lenguaje claro, sencillo y accesible, teniendo en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad sensorial, intelectual o mental. La propuesta de modificación se encuentra en la sustitución de la letra b) de dicho artí­culo por un texto que garantice a la ví­ctima la asistencia o apoyos necesarios para que pueda hacerse entender ante ellas. Esto “incluirá la interpretación en las lenguas de signos reconocidas legalmente y los medios de apoyo a la comunicación oral de personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas” de acuerdo a la Ley 27/2007.

La segunda está destinada a las funciones que desempeñan las Oficinas de Asistencia a las Ví­ctimas recogidas en el Artí­culo 28. En esta parte, se requiere la sustitución del apartado 2 por un texto que defienda la valoración de las circunstancias particulares con la finalidad de “determinar qué medidas de asistencia y apoyo deben ser presentadas a la ví­ctima”. Entre ellas, se incluyen “la prestación de apoyo o asistencia psicológica, el acompañamiento a juicio, información sobre los recursos psicosociales y asistenciales disponibles en cualquier ámbito, medidas especiales de apoyo y la derivación a servicios de apoyo especializados en cualquier ámbito que la ví­ctima pueda precisar”.