Piden que se restablezca la…

La Organización Médica Colegial (OMC) instó este martes a la Administración a que se restablezca la presencia de otro profesional sanitario auxiliar en las consultas con menores, al entrar hoy en funcionamiento el Registro Central de Delincuentes Sexuales previsto en la ley de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia que establece que aquellas profesiones que impliquen un contacto habitual con menores, como es el caso de la pediatrí­a, deberán acreditar que carecen de antecedentes penales de í­ndole sexual.

Asimismo, la OMC manifestó que “el compromiso y defensa de los intereses superiores del menor son asumidos í­ntegramente por la OMC y, en consonancia con ello, prestará a los poderes públicos toda la colaboración que sea precisa para el estricto cumplimiento de la ley y la erradicación de estas repugnantes conductas”. La organización que representa a todos los médicos subraya que “es necesario ponderar los riesgos/beneficios que se derivarí­an de poner bajo sospecha a toda la colegiación médica y a otros profesionales sanitarios con trato directo con la infancia”. La Ley 26/2015 de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia establece que aquellas profesiones que impliquen un contacto habitual con menores deberán acreditar que carecen de antecedentes penales de í­ndole sexual. Para la OMC, “siendo el riesgo de que se produzcan estas conductas realmente muy bajo (en el caso de la profesión médica), el beneficio de esta medida es más que dudoso, por no decir nulo, porque los que tienen antecedentes lo son por haber sido condenados y estarán fuera de la práctica profesional y del ejercicio profesional. Para los que no han sido condenados y por tanto no tienen antecedentes, la medida no tiene efecto, pero tampoco puede evitar que puedan serlo. Se arriesga la reputación de toda la profesión médica exigiendo un certificado inútil que complicará el funcionamiento de los servicios. En consecuencia, se debe evitar esta medida por la perturbación que se producirí­a en la relación médico paciente y la imagen que proyectará a la sociedad de todos los médicos y otros profesionales sanitarios como potenciales agresores sexuales de los menores”.