Piden que se reforme la legislación estatal en materia de discapacidad y capacidad jurídica
Distintos expertos coincidieron ayer en subrayar que los Estados parte de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en virtud del artículo 12 de la misma, están obligados a reformar su legislación en materia de capacidad jurídica para personas con discapacidad.
Así lo pusieron de manifiesto durante la mesa redonda ‘Plena igualdad ante la ley, capacidad jurídica y limitación de derechos’, en la conferencia internacional ‘2008-2013: Cinco años de vigencia de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad’ que comenzó ayer y finaliza hoy en Madrid.
El objetivo de esta mesa redonda fue abordar las cuestiones teóricas y prácticas, relacionadas con la adecuada implementación del artículo 12 de la Convención de la ONU que reconoce la igualdad en la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y exige la implantación de un sistema de apoyos en la toma de decisiones.
Precisamente, el coordinador de la Red Iberoamericana de Expertos sobre la Convención de la ONU, Francisco Bariffi, denunció que en la mayor parte de nuestro sistema jurídico se aplica la incapacidad jurídica por razón de discapacidad, algo «incompatible» con la Convención y que merece «rechazo», dijo. «Aplicar la incapacidad jurídica a una persona con discapacidad supone no considerarla sujeto de derecho», según Bariffi. Por esta razón, solicitó una «revisión profunda» de estos planteamientos que «no están basados en el discurso de los derechos humanos», para que garanticen el «esencial» acceso «real y efectivo» a la justicia.
Sin embargo, reconoció los avances realizados en la interpretación del artículo 12 de la Convención, como el hecho de entender la capacidad jurídica como la capacidad de obrar, la necesidad de reformar la incapacidad civil en varios Estados y la incorporación de este artículo en la casuística en los órganos internacionales de derechos humanos. En este sentido, subrayó el papel del Comité sobre Derechos de Personas con Discapacidad en sus recomendaciones a los distintos países en esta materia.
