El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) acaba de formular una queja ante la Oficina del Defensor del Pueblo para que investigue el retraso en que ha incurrido el Gobierno para aprobar cambios normativos en materia de empleo de personas con discapacidad, que tení­an que haberse adoptado antes de 2012.

Precisamente, según detalló este lunes el citado comité, el apartado 1 de la disposición adicional vigésima cuarta de la Ley de Medidas Urgentes para la Reforma del Mercado de Trabajo disponí­a que el Ejecutivo debí­a proceder en el plazo de doce meses a la revisión del decreto 1368/1985, de 17 de julio, por el que se regula la relación laboral de carácter especial de los “minusválidos” que trabajen en los centros especiales de empleo. Del mismo modo, el mencionado apartado insta al Gobierno “a regular las cuestiones relacionadas con los supuestos de sucesión o subrogación empresarial que afecten a los trabajadores con discapacidad o a los centros especiales de empleo”.

“Transcurrido con creces el plazo de 12 meses referido, el Gobierno no ha dado cumplimiento a ninguno de los mandatos contenidos en ese precepto legal, inacción de la que se deriva un grave daño para la inclusión laboral de las personas con discapacidad, a través de las modalidades de empleo protegido”, denunció el Comité.