Piden que se adopte un…

La consejera de Igualdad, Salud y Polí­ticas Sociales, Marí­a José Sánchez, ha dicho que la Ley de Dependencia deberí­a mantenerse tal y como se aprobó en el año 2006 porque se corre el riesgo de que al final las comunidades autónomas asuman todo el gasto en esta materia. Sánchez se ha expresado así­ a la entrada de la reunión que preSide el ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, y en la que abordará con los consejeros autonómicos la distribución de fondos para familias e infancia, el Fondo de Ayuda Europea a las personas más desfavorecidas (FEAD) y la evaluación anual de la atención a la dependencia.

La consejera andaluza que ha criticado que la Ley de Dependencia se ha ido «devaluando» desde su aprobación, ha pedido una revisión de la misma y estudiar «la sostenibilidad del sistema de dependencia desde el punto de vista económico porque de no ser así­ «al final las comunidades acarrearán con la totalidad del gasto», ha incidido.

Ha argumentado que actualmente se encuentran «con un sostenimiento del 80 por ciento» del gasto en dependencia y eso «es necesario revisarlo» porque las autonomí­as «no podrán sostener el gasto en solitario».

Por ello, ha pedido que se mantenga lo que decí­a la Ley cuando se aprobó y que establecí­a el sostenimiento económico al 50 por ciento, por parte de las comunidades autónomas y del Estado. «Desde Andalucí­a vamos a poner de manifiesto la importancia que tiene que finalmente se llegue a un gran pacto en materia de dependencia porque «es un derecho que se ha ido desmontando» y es necesario «que se «mantenga y sostenga». Ha recordado que en los últimos años han tenido un recorte de 400 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado para el mantenimiento de la Ley de Dependencia y esa pérdida de ingresos la han tenido que «complementar», ha precisado.

Por último, Sánchez ha señalado que Andalucí­a está comprometida en el mantenimiento de la Ley de Dependencia porque considera «fundamental como apoyo a las familias y para la generación de empleo». En relación a los servicios sociales, la consejera ha criticado que los mismos «están recayendo en un 40 por ciento en la comunidad autónoma» mientras que el Estado lo mantiene con un 2 por ciento.