El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha pedido al Gobierno que haga efectivo el mandato legal que obliga a que los litigios relacionados con la atención a la dependencia sean competencia de la jurisdicción social y no de la contencioso-administrativa, como ocurre ahora.

El Cermi recuerda en una nota de prensa que la actual legislación sobre jurisdicción social atribuye a ésta los litigios relacionados con la Ley de Autonomí­a Personal y Dependencia, pero aplazó “el momento de su aplicación efectiva” a lo que dispusiera una ley que el Gobierno aún no ha remitido a las Cortes. El pasado diciembre se cumplieron tres años de la aprobación de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, por lo que el Cermi considera que “es el momento de que el Ejecutivo remita ese proyecto de ley al Parlamento”.

Considera que “a pesar de ser un tema netamente social”, las controversias de dependencia están atribuidas a la jurisdicción contencioso-administrativa, que, añade la nota, es “más formalista, gravosa, cara y lenta que la social, lo que dificulta enormemente la protección judicial”. Para el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, dicha regulación impide “atacar las malas prácticas” de las administraciones sociales y dejan “en buena medida indefensas” a las personas en situación de dependencia que no están de acuerdo con las decisiones de los poderes públicos.