El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha insistido ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para que corrija la legislación y permita a los funcionarios públicos con discapacidad acogerse a la jubilación anticipada por motivos de discapacidad como los trabajadores del Régimen General de la Seguridad Social, que tienen reconocido ese beneficio en ciertas condiciones.

Esta diferencia de trato, en función de si se es funcionario sometido al régimen de clases pasivas o trabajador afiliado a la Seguridad Social, constituye, a juicio del Cermi, una discriminación injustificada que debe ser erradicada cuanto antes del ordenamiento jurí­dico. Los trabajadores con discapacidad del régimen general de la Seguridad Social pueden acogerse a la jubilación anticipada en determinados supuestos, como forma de compensar la menor esperanza de vida originada por la discapacidad o la intensificación de los efectos del envejecimiento, también causados por este motivo. “Pero esta ventaja social no se extiende a los funcionarios públicos cuyo régimen de seguridad social es distinto del general de los trabajadores, y que no ha sido modificado para incluir estos casos, que guardan absoluta identidad de hecho y que han de tener el mismo tratamiento legal”, señala el Cermi en un comunicado.

Por úlcimo, el Comité ya ha pedido a la Defensora del Pueblo que investigue esta situación discriminatoria y que recomiende al Ejecutivo el ca bio en la legislación para evitar en lo sucesivo este desigualdad de trato.