El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha presentado a Hacienda sus propuestas en materia social para la nueva Ley de Contratos del Sector Público, entre ellas, solicita que se recoja la prohibición de contratar a las empresas de 50 o más trabajadores que no cumplan con la cuota de reserva del 2% de puestos de trabajo para personas con discapacidad.

Así­ se recoge en un informe elaborado por el Cermi con propuestas sobre cláusulas sociales (especialmente en favor de las personas con discapacidad) con vistas a la nueva normativa sobre contratos del sector público que se está elaborando tras la aprobación por la Unión Europea de las últimas directivas sobre contratación pública.

El Cermi deja claro que ya en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (Trlcsp), aprobado en 2011, figuran todas las cláusulas sociales en materia de personas con discapacidad y accesibilidad que estaban incluidas en la Ley de Contratos del Sector Público anterior, y aboga por su mantenimiento sin perjuicio de introducir otras o modificarse las actuales de cara a cumplimentar las recomendaciones de la UE y del Consejo Económico y Social sobre la materia. En lo que se refiere a las prohibiciones de contratar con el sector público, el Cermi pide que al igual que supone directamente una prohibición de contratar no hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, se recoja otro supuesto referido a las empresas de 50 o más trabajadores que no cumplan con la cuota de reserva del 2% de puestos de trabajo para personas con discapacidad.

Además, considera necesario exigir expresamente una declaración a los licitadores señalando que cumplen las disposiciones aplicables en cada Estado en materia de inserción laboral de las personas con discapacidad, como, por ejemplo, la obligación de contratar a un número o porcentaje especí­fico de personas con discapacidad en aquellos paí­ses en los que existe dicha obligación jurí­dica.

Asimismo, propone que los órganos de contratación administrativa exijan la acreditación del cumplimiento de la norma que obliga a las empresas de 50 o más trabajadores a tener contratados un 2% de trabajadores con discapacidad o alguna de las medidas alternativas previstas. En este sentido, señala que en la actualidad el cumplimiento de esta medida del 2% es muy inferior a lo que debí­a ser (actualmente se entiende que el grado de cumplimiento de dicha cuota no sólo no llega al preceptivo 2% sino que se encuentra entre el 0,5% y el 1%) y advierte de que sólo su carácter obligatorio en la propia legislación de contratos públicos hará que pueda ser real y efectivamente aplicada.

Por último, el Cermi considera que esta inclusión de manera imperativa es más necesaria que nunca, ya que a ella se refieren varios dictámenes europeos, que destacan la recomendación del Comité Económico y Social Europeo para que se exijan declaraciones firmadas de las empresas avalando su cumplimiento con las disposiciones legislativas nacionales pertinentes.