El portavoz de Empleo de CiU en el Congreso, Carles Campuzano, defendió ayer en el Pleno de la Cámara la admisión a trámite de una proposición de ley para modificar la Ley de Contratos Públicos y la Ley General de Subvenciones de modo que se ‘premie’ a las empresas que cumplen con su obligación de reservar un 2% de sus puestos de trabajo para personas con discapacidad.

Campuzano defendió que “la contratación pública puede y debe contribuir a conseguir objetivos sociales y medioambientales”, un objetivo para el que las ‘cláusulas sociales’ pueden servir de gran ayuda, tal y como reconoció la subcomisión parlamentaria que hace dos legislaturas recomendó por unanimidad de los partidos promover la responsabilidad social de las empresas. De este modo se podrí­a “enviar señales al mercado de que serán reconocidas y premiadas las empresas que brindan a la sociedad un valor adicional en materia ambiental y/o social”. “En la contratación pública se debe tener en cuenta si el adjudicatario contribuye a conseguir objetivos sociales y está comprometido con las personas más desfavorecidas”, insiste el diputado.