Piden al sector de la discapacidad que presente la deuda de las administraciones
El Cermi insiste en que todas las entidades de carácter social y sin ánimo de lucro tienen que documentar las obligaciones de pago de comunidades autónomas, corporaciones locales y universidades que tengan pendientes de cobro y comprobar que están incluidas en los listados oficiales que finalmente visará el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. El comité recuerda a las organizaciones sociales que “podrán entrar en este mecanismo todas las obligaciones anteriores al 31 de diciembre de 2012 pendientes de pago contraídas por comunidades autónomas, entidades locales y universidades, con independencia de su naturaleza jurídica”. “Se consideran como tales las deudas comerciales soportadas por facturas por la venta de bienes y productos o por la prestación de servicios; los contratos, los convenios, los conciertos y las demás modalidades contractuales de colaboración entre las entidades sociales y las Administraciones Públicas recogidas en la Ley de Contratos del Sector Público, así como las subvenciones y demás ayudas públicas, de cualquier ámbito, incluidas las laborales para fomento de empleo de personas con discapacidad (empleo ordinario, empleo con apoyo, empleo protegido, etc.)”, indica.
Asimismo, el Cermi recuerda que el requisito que han de cumplir las organizaciones sociales de la discapacidad para acogerse a este mecanismo es que han de carecer de ánimo de lucro. También los centros especiales de empleo, aunque tengan personalidad jurídica distinta de la entidad social de la que dependen, podrán beneficiarse de esta operación, siempre que acrediten que la titularidad de su propiedad corresponde a una organización (asociación o fundación) sin ánimo de lucro.
Por último, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad “insta al tercer sector de la discapacidad a aprovechar esta oportunidad de liquidación de las deudas pendientes, sumándose a esta operación y cumpliendo todas las formalidades y plazos establecidos por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas”.