El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) instó este lunes a las comunidades autónomas a no hacer dejación de sus responsabilidades y a aplicar en sus territorios la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, pues les obliga en los mismos términos que al Gobierno central.

En las conclusiones del Informe Derechos Humanos y Discapacidad España 2014, el Cermi comprueba que siete años después de su entrada en vigor en España, las comunidades autónomas apenas adoptaron medidas para adecuar su legislación y sus polí­ticas al nuevo y exigente marco de derechos del tratado internacional de la discapacidad.

Para el Cermi, la Convención de la ONU “no es algo que ocurre ahí­ fuera, en la escena internacional, o en la esfera estatal, y al que se mira como mero espectador”, sino que es cosa propia, que vincula a todos los poderes públicos, nacionales y territoriales.

Las comunidades autónomas, precisa el Cermi, están interpeladas y urgidas en primera persona por la Convención y son igual de responsables que el Ejecutivo nacional.  En este sentido, “han de responder legislativa y polí­ticamente a ese desafí­o, impulsando con decisión y de la mano del movimiento asociativo de la discapacidad una revisión profunda de su marco normativo y de su acción pública para adaptarla con celeridad al tratado de derechos humanos de la discapacidad”, concluye el Cermi.