El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) acaba de plantear al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que las personas con discapacidad oficialmente reconocida queden ‘exentas de aportación en el transporte sanitario no urgente’, cuya regulación mediante orden ministerial ultima el departamento que dirige Ana Mato.

Precisamente, en las alegaciones del Comité al proyecto de orden ministerial que regula la prestación de transporte sanitario no urgente, en trámite de audiencia pública en estos momentos, la plataforma representativa de la discapacidad propuso a Sanidad que las personas con discapacidad queden exentas de copago o que éste sea ‘meramente simbólico’, ya que el colectivo sufre un ‘sobrecoste económico por razón de su situación de discapacidad’, que convierte en mucho más gravosa que para cualquier otra persona la aportación en las prestaciones sanitarias.

Asimismo, el Cermi pidió que se flexibilicen los requisitos para considerar a los pacientes como crónicos, pasando de seis a tres meses el periodo que se exige de tratamiento médico continuado, de modo que más personas con enfermedades que necesitan atención prolongada puedan beneficiarse del régimen de copago más favorable previsto para este tipo de pacientes.
En el caso de muchas personas con discapacidad o con enfermedades crónicas, el transporte sanitario es el único que garantiza los desplazamientos entre el domicilio y los centros de salud y los hospitales, puesto que el transporte público no reúne todaví­a condiciones de accesibilidad para que estas personas puedan circular con normalidad y seguridad.