El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) acaba de reclamar al ministerio de Justicia que, “con urgencia”, destierre de las leyes criminales la aceptación de la esterilización no consentida de personas con discapacidad, suprima la figura de la incapacitación judicial y revise la regulación legal de los internamientos forzosos así­ como el procedimiento para garantizar los derechos de las personas con discapacidad a un juicio justo.

Precisamente, de esta forma, le reclama que asuma con todas sus consecuencias la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CERMI), firmada y ratificada por España, y respete el tratado internacional de la discapacidad.

Concretamente, en la esfera penal, pide al Gobierno que “destierre” de las leyes criminales la aceptación de la esterilización no consentida de determinadas personas con discapacidad y establezca un sistema de medidas de seguridad en el que la discapacidad no resulte un hecho relevante a ningún efecto negativo para los derechos y la libertad de la persona.

Además, reclama al Gobierno que modifique el Código Civil y las leyes procesales civiles para suprimir del ordenamiento la figura de la incapacitación judicial, “incompatible absolutamente con la Convención”, y la sustituya por un proceso de apoyo a la toma libre de decisiones por parte de las personas con discapacidad que precisen de este acompañamiento.

Por último, también sugiere revisar la regulación legal de los internamientos forzosos para que “en ningún caso” puedan efectuarse sobre la base de la discapacidad de la persona ya que, según apunta el CERMI, “suponen una violación flagrante de los derechos humanos”. Otra normativa que ha de modificarse, a su juicio, es la legislación de Jurado, que mantiene disposiciones que “excluyen a las personas con discapacidad” y que, “a la luz de la Convención, resultan claramente discriminatorias”.