El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) acaba de reclamar al Ministerio de Justicia que asuma ‘con todas sus consecuencias’ la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, firmada y ratificada por España, y que actúe promoviendo ‘con urgencia’ reformas legislativas respetuosas con este tratado internacional.

Precisamente, el Cermi recuerda que son ‘numerosos y profundos’ los cambios normativos que España ha de acometer en el ámbito de la Justicia para cumplir con la Convención de la ONU, que es ‘especialmente exigente’ en relación con la plenitud civil y de derechos de las personas con discapacidad.

Además, a juicio del Comité, el Gobierno ha de modificar el Código Civil y las leyes procesales civiles para suprimir del ordenamiento la figura de la incapacitación judicial, ‘incompatible absolutamente con la Convención’, y sustituirla por un proceso de apoyo a la toma libre de decisiones por parte de las personas con discapacidad que precisen de este acompañamiento. Según el Cermi, Justicia también ha de revisar la regulación legal de los internamientos forzosos para que, en ningún caso, ‘puedan efectuarse sobre la base de la discapacidad de la persona’, ya que suponen ‘una violación flagrante’ de los derechos humanos.

Por último, en la esfera penal, el Cermi reclama que el Gobierno desterre de las leyes criminales la aceptación de la esterilización no consentida de determinadas personas con discapacidad y pide que se establezca un sistema de medidas de seguridad en el que la discapacidad no resulte un hecho relevante a ningún efecto negativo para los derechos y la libertad de la persona.