El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha remitido al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas un informe en el que argumenta la negativa de gravar fiscalmente las pensiones de incapacidad laboral de la Seguridad Social que ahora están exentas de tributar en el Impuesto de la Renta.

En dicho informe, el Comité señala que las pensiones de incapacidad laboral derivan de lesiones o dolencias graves y llevan aparejada una discapacidad con gran necesidad de apoyos para la autonomí­a personal. “Los criterios que utilizan los equipos de valoración de las incapacidades de la Seguridad Social son extraordinariamente estrictos y muy frecuentemente se producen revisiones del grado de incapacidad de oficio, que terminan con rebajas en la valoración y por tanto con reducciones o pérdida de prestaciones”, afirma el Cermi en un comunicado.

Por eso, prosigue, obtener el reconocimiento de una pensión de incapacidad permanente en grado de absoluta o de “gran invalidez” (terminologí­a oficial) no es nada fácil en España y no existen niveles de fraude que induzcan justificadamente a cambiar el régimen fiscal aplicable en la actualidad. Además, argumenta la plataforma, las personas con una incapacidad permanente absoluta incurren en un nivel de gastos muy superior que las demás, precisamente como consecuencia de su discapacidad sobrevenida. En este sentido, el informe apunta que toda la información social y económica disponible alude al sobrecoste enorme al que se enfrentan los ciudadanos con discapacidad por razón de su situación, “que no puede verse incrementado con nuevos gravámenes fiscales”.