Las personas con discapacidad y los menores de edad tendrán un tratamiento especial en el Estatuto de la Ví­ctima que está elaborando el Ministerio de Justicia, con el fin de otorgarles una mejor protección y una mayor garantí­a cuando se vean implicados en trámites procesales.

Fuentes gubernamentales explicaron que el futuro Estatuto de la Ví­ctima, que el viernes recibió el visto bueno del Consejo de Ministros para iniciar su elaboración, recogerá en gran medida las recomendaciones planteadas por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).

El departamento que dirige Alberto Ruiz-Gallardón pretende que el futuro Estatuto de la Ví­ctima dote con un régimen asistencial y jurí­dico de mayor protección a las ví­ctimas especialmente vulnerables: menores, personas con discapacidad, ví­ctimas de delitos sexuales, de trata de seres humanos, de terrorismo, de violencia sobre la mujer y de grandes siniestros con ví­ctimas múltiples.

Las personas con discapacidad se verán beneficiadas, de este modo, al adaptar a la legislación española las recomendaciones de la Unión Europea, sobre todo a raí­z de la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo aprobada el pasado 12 de septiembre.

En particular, la futura Ley del Estatuto de la Ví­ctima del Delito recogerá textualmente que los colectivos más vulnerables, incluido el de la discapacidad, merecen “un régimen asistencial y jurí­dico que va más allá del general” establecido para el resto de las personas.

Las personas con discapacidad podrán así­ recibir un tratamiento singular de acuerdo a sus necesidades. Las fuentes consultadas aseguraron que, entre otras cosas, se garantizará el uso de la lengua de signos cuando haya implicadas personas sordas o sordociegas.

Las ví­ctimas incluidas en el Estatuto que está redactando el Ministerio de Justicia podrán recurrir las decisiones de especial trascendencia que se adopten, como la concesión de la libertad condicional o el alzamiento del periodo de seguridad, si no se ha indemnizado el delito cometido o si existe peligro para el afectado.

Gran parte del contenido referente a las personas con discapacidad parte de las propuestas que el Cermi ha trasladado en los últimos meses al Ministerio de Justicia, entre las que destaca culminar la adaptación normativa en el ámbito de la Justicia a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Una de las principales preocupaciones de este colectivo pasa por la necesaria mejora de la accesibilidad universal de las dependencias, instalaciones, servicios, procedimientos y canales de información y comunicación, incluidos los digitales, de la Administración de Justicia.