El Parlamento Europeo alcanzó la semana pasada un acuerdo sobre la directiva europea de salarios mínimos para garantizar que todos los trabajadores, incluidas las personas con discapacidad, sean remuneradas de una forma adecuada. Con esta medida pretenden fomentar una política social europea, especialmente centrada en aquellos países que no disponen de un salario mínimo.

Esta nueva directiva, que ha sido impulsada por el Foro Europeo de las Discapacidad, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y Fundación ONCE, consigue erradicar una situación a nivel europeo que, aunque no se da en España, es muy común en los países del este.

El trámite de esta iniciativa se inició en 2021 y asegura que todos los Estados miembro deben disponer de mecanismos adaptados a sus especificidades para respetar las prerrogativas y medidas ya aplicadas en los distintos países. La directiva afecta a todos los trabajadores y establece una serie de nuevas prerrogativas para asegurar que estén protegidos por unas condiciones que aseguren un salario digno.

En el acuerdo se incluyen nuevas referencias a los trabajadores con discapacidad, aseguran que los centros especiales de empleo estén dentro del ámbito de aplicación y, por ello, sujetos a las obligaciones relacionadas con los salarios mínimos aplicables. También se elude a la Convención de las Naciones Unidas en la Directiva y se hace referencia al riesgo de salarios por debajo de unos mínimos de las personas con discapacidad.

Por último, se imponen nuevas obligaciones para garantizar que la información sobre las condiciones de los salarios mínimos sea accesible para las personas con discapacidad, según dicta el Acta de Accesibilidad y se establece que los Estados miembro deben informar a la Comisión sobre el establecimiento y puesta en práctica de salarios mínimos, incluyendo en dicha información las condiciones de los trabajadores con discapacidad.