Son aún varios los paí­ses -entre ellos algunos de los más desarrollados del planeta- que siguen condenando a muerte y ejecutando a personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, según denuncia Amnistí­a Internacional (AI).

Amnistí­a ha documentado casos de personas que tienen este tipo de discapacidad y que esperan la ejecución o han sido ejecutadas ya en paí­ses como Japón, Pakistán o Estados Unidos, y advierte de que “a menos que estos paí­ses reformen urgentemente sus sistemas de justicia penal, muchas más personas seguirán en peligro”. “Las normas internacionales sobre la discapacidad mental e intelectual son una importante salvaguardia para las personas vulnerables. No pretenden disculpar crí­menes atroces, sino que establecen parámetros para el tipo de pena que se puede imponer”, manifestó Audrey Gaughran, directora de Asuntos Temáticos Globales de Amnistí­a Internacional.

LA ONG recuerda que se opone “a la pena de muerte en todas las circunstancias, por considerarla el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante”. “No obstante”, añade, “en los paí­ses que aún llevan a cabo ejecuciones, y mientras se produce la abolición final, deben respetarse y aplicarse las normas internacionales, incluidas las que prohí­ben el uso de la pena capital contra ciertos grupos vulnerables”. Desde esta perspectiva, para el Dí­a Mundial contra la Pena de Muerte de este año Amnistí­a Internacional y la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte han puesto el foco en la pena capital y las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental.