Los recortes en dependencia, que ya se han llevado 283 millones ví­a Presupuestos Generales del Estado, no van a acabar ahí­. El Gobierno, en su plan de reformas contra el déficit presentado a Bruselas, tiene previsto también modificar el copago de los usuarios y “revisar las cuantí­as de las ayudas económicas” que reciben los beneficiarios. Además, el documento recoge un nuevo aplazamiento, hasta 2014, de la entrada en el sistema de protección a los dependientes moderados, los más leves, que ya habí­an sufrido el parón del calendario.

Además, el Gobierno prevé “avanzar en el papel del sector privado en la prestación de servicios, eliminando las trabas o preferencias por el sistema público presentes en la ley”. Desde hace tiempo, los responsables de la dependencia en el Ejecutivo vienen hablando de las cotizaciones a la Seguridad Social que paga el Estado por cada cuidador familiar que se da de alta en esta tarea. Eso, dicen, también se “revisará”. Ninguna de estas medidas, aunque apenas están esbozadas, está libre de riesgos para los usuarios.

Avanzar en la prestación de servicios privados es algo que ya se decí­a en el programa electoral del PP. Serí­a la ví­a abierta al llamado cheque-dependencia, un dinero que el Estado da a los ciudadanos para que ellos mismos elijan el servicio que quieran. No es el ciudadano el que elige, sino el centro el que escoge a qué dependiente prefiere acoger. El modelo, ya repetido en educación durante décadas, acaba por distorsionar el sistema de elección.

“Un geriátrico privado siempre cogerá al ciudadano que, además de la ayuda estatal, tiene dinero extra para pagar otros servicios que allí­ se ofrecen, como podologí­a o peluquerí­a”, explica el presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramí­rez.

En su opinión, un sistema así­ corre el riesgo de romperse en dos y quedar una ví­a asistencialista pública para aquellos que menos dinero tienen y otra ví­a, privada, para los más pudientes. “Rompe el acceso público que prevé la ley, donde las Administraciones deciden a qué centro va cada usuario, y no al revés: parece un sistema menos libre, pero en la práctica la pagan los más pobres”, asegura.

Preocupa también en el sector el nuevo parón anunciado en el calendario de la ley que impedirá a los moderados, que deberí­an haber entrado este año, incorporarse hasta 2014. “Estamos hablando de los menos graves, sí­, pero que le pregunten a las familias que tienen enfermos de alzhéimer en sus primeras fases. Si se trabaja con ellos ahora, con las terapias adecuadas, alargarán su vida y con más calidad. Si no, de aquí­ a 2014 serán ya dependientes graves, con un alto coste personal y económico”, advierte Ramí­rez. Los dependientes moderados dictaminados como tal son actualmente, cerca de 400.000.

La revisión del copago, es decir, la aportación del usuario al coste del servicio que recibe también es inquietante. Castilla-La Mancha ha enviado estos dí­as un documento a los centros geriátricos en los que decí­a que ese copago se debí­a calcular teniendo en cuenta las rentas de la familia, no solo la del beneficiario, como establece la ley. El Gobierno de Cospedal tachó de “error” ese mensaje enviado y dijo que no es su intención hacer nada parecido. Quizá buscarán otras fórmulas, pero la aportación del usuario se va a modificar y si es para ahorrar no cabe pensar que sea a la baja. Los dependientes aportan alrededor de un 10% al total de la financiación del sistema.

Otra de las medidas mencionadas en el documento hace referencia a las cuotas de la Seguridad Social que el Estado paga por los cuidadores familiares que se dan de alta para desempeñar esa tarea. Son alrededor de 180.000, mujeres en su inmensa mayorí­a. Eliminar esa cuota de la Seguridad Social podrí­a suponer un ahorro de 350 millones de euros, que es lo ejecutado en el ejercicio anterior. Estas altas se vendieron en su dí­a como la ví­a para completar cotizaciones y tener en el futuro acceso a una pensión. Eso está ya en riesgo.