Las personas con discapacidad, las dependientes y los mayores de Castilla y León que soliciten a partir del próximo miércoles 1 de marzo una plaza en una residencia o en un centro de dí­a público o concertado dependiente de la Junta serán valorados siguiendo un criterio único y, una vez admitidos, pagarán en función de su renta y su patrimonio hasta un máximo del 90% del coste. Además, dispondrán de una cuantí­a mayor para sus gastos personales.

Estas son las principales novedades que introduce el Decreto de Precios Públicos en Servicios Sociales, que entra en vigor el próximo miércoles para los nuevos usuarios y a comienzos de 2013 para el resto. Según la Consejerí­a de Familia e Igualdad de Oportunidades, provocará un «cambio» radical en el modelo asistencial de la Comunidad, ya que unifica los criterios de acceso a los centros, al margen de que el solicitante tenga o no reconocido algún grado de dependencia y «beneficiará a las personas con las rentas más bajas», ya que pagará más el que más recursos tenga.

Además, para fijar ese pago, se realizará un cómputo de la renta y el patrimonio individual y no del familiar como hasta ahora, y sobre el patrimonio se introducen numerosas exenciones, como para los menores de 35 años y hasta 40 veces el IPREM, para facilitar la autonomí­a de los usuarios.

Asimismo, en ningún caso se generará deuda. Hasta ahora los beneficiarios abonaban el 75% de su pensión cada mes y el resto sumaba una deuda que en la mayorí­a de los casos se cobraba cuando la persona habí­a fallecido.

Gastos personales. Otra novedad relevante es el aumento de la cuantí­a para gastos personales, conocida como ‘gastos de bolsillo’, que pasa de los 61,56 euros actuales a 347,6 euros para los usuarios de los centros de dí­a y de entre 114,8 y 256,68 euros para los que viven en residencias.

También, se sustituye la aportación por meses completos por una variable en función de los dí­as de servicio recibido, la intensidad, la cobertura y el tipo de plaza.

Así­, se establece un precio público por dí­a para cada uno de los servicios utilizando criterios como el sector de la población al que pertenece el beneficiario (discapacitados o mayores), el subsector (discapacidad intelectual, fí­sica, autismo o enfermedad mental), tipologí­a del centro (residencia, vivienda o centro de dí­a), tipologí­a de la plaza y modalidad de usuario (grado de asistido, de afectación de la discapacidad o grado de dependencia) y cobertura del servicio (dí­as de la semana y año). Esto conllevará además la centralización de los procedimientos en la Administración, la unificación del proceso de gestión y la simplificación y automatización del procedimiento de cálculo de la capacidad económica de los demandantes de una plaza, lo que permitirá homogenizar los criterios y conllevará un ahorro económico.

Los precios varí­an entre los 30,72 euros hasta los 57,43.