No hay texto todaví­a en firme, pero la Fundación Alcer dice tener el compromiso expreso de la ministra de Sanidad de que el nuevo copago en transporte no urgente afectará como mucho al 3% de pacientes de hemodiálisis, los que superen una renta mensual de unos 2.000 euros.

Estaba previsto que el Consejo Interterritorial de Salud de la pasada semana aprobara el borrador del decreto que regulará el copago en el transporte sanitario no urgente y la ortoprótesis, pero finalmente la Comisión Delegada del Interterritorial, celebrada unos dí­as antes, no dio el visto bueno a la norma y se cayó en el último momento del orden del dí­a oficial. Las diferencias socioeconómicas y la dispersión de población de algunas autonomí­as han hecho imposible de momento llegar a un acuerdo sobre el texto, cuyo borrador inicial tan sólo especificaba que los pacientes tendrí­an que desembolsar un porcentaje de copago igual que el que les correspondiera para los medicamentos pero “con un lí­mite distinto” al de farmacia.

El pasado viernes el consejero extremeño, Luis Alfonso Hernández, explicaba en una entrevista con DM (ver DM del 5-X-2012) que le gustarí­a optar por un modelo más flexible que el que se ha adoptado en materia de medicamentos para poder ajustarlo a las necesidades especí­ficas de cada autonomí­a. Y eso es precisamente lo que baraja hacer Sanidad, con un sistema que dejarí­a en parte abiertas las excepciones a la aplicación del copago para ciertos colectivos. Entre ellos, el que más preocupa, por el alto coste y volumen de traslados que tiene, es el de los pacientes sometidos a tratamientos de hemodiálisis.

De momento, el Ministerio de Sanidad tan sólo confirma que “se intentará proteger a los pacientes más vulnerables”, pero Juan Carlos Julián, coordinador de la Fundación Alcer de pacientes renales, que ha mantenido contactos con el ministerio sobre esta cuestión, dice contar ya “con el compromiso expreso de la ministra de Sanidad de que la práctica totalidad de los pacientes de hemodiálisis no tendrán que afrontar copago alguno”.

Julián concreta que, según les ha trasladado Sanidad, “se establecerí­a una renta, que Sanidad nos dice que estarí­a en el entorno de los 2.000-3.000 euros mensuales, y sólo quienes la superasen deberán afrontar copagos del transporte no urgente”.

Así­, según los cálculos que Sanidad ha comunicado a la Fundación Alcer, “se estima que sólo el 3 por ciento de los pacientes tendrí­an que afrontar copagos en transporte no urgente”.

Julián insiste en que, pese a no conocerse todaví­a el contenido final del borrador,  al compromiso de la ministra Ana Mato se sumarí­a “la intención de muchas autonomí­as de eximir a estos pacientes. Algunas como Castilla y León, Aragón, La Rioja, Baleares y, claro está, Paí­s Vasco y Andalucí­a, han expresado ya que quieren poner excepciones para este tipo de pacientes”.

Comoquiera que sea, Julián especifica que “parece que quedará en manos de cada autonomí­a la decisión de qué colectivos quedan protegidos contra el copago en su región”.
Gasto medio

Además, detalla que “es prácticamente imposible conocer en detalle el coste por paciente  renal del transporte sanitario no urgente, puesto que cada región lo organiza de forma diferente -unas tienen convenios con ambulancias, otras con taxis- y se conoce el montante total del servicio pero no el coste por trayecto”.

Según sus cálculos, éste ascenderí­a para los 22.000 pacientes renales que utilizan hemodiálisis “a unos 60 euros por dí­a. Estos pacientes acuden como mí­nimo tres veces a la semana a hemodiálisis y, en ocasiones hasta 6 veces, por lo que tendrí­an un gasto medio mensual de unos 500 euros e incluso si se les aplicara el copago mí­nimo del 10 por ciento deberí­an desembolsar 50 euros mensuales. Eso es inasumible para los pacientes con rentas más bajas”.