El Real Decreto que presentó el Ministerio de Sanidad el pasado mes de noviembre para regular la futura aportación del usuario que necesite un producto ortoprotésico en el ámbito ambulatorio ”“tales como sillas de ruedas, prótesis externas o audí­fonos”“ establecí­a algunas excepciones, de manera que de los 3,8 millones de personas con discapacidad que hay en España, se estima que sólo un 12 por ciento quedarán exentas del copago ortoprotésico.

Estos datos englobarí­an a aquellas personas discapacitadas que reciben las ayudas que establece la Ley de Integración Social de Minusválidos, de las que se beneficiarán sólo unos 32.000 ciudadanos, además de quienes reciben ayudas contempladas en otras normativas especí­ficas, algunas autonómicas, que no es posible compatibilizar.

Junto a estos, también quedarán exentas otras 454.000 personas con discapacidad fí­sica, sensorial o de otro tipo que reciben una pensión no contributiva o una renta de integración social.

Esto darí­a un total de unos 486.000 discapacitados exentos de pago en caso de necesitar productos ortoprotésicos. No obstante, aún quedarí­a un porcentaje muy elevado de este colectivo ”“más de 3 millones, según las mismas fuentes”“ que sí­ tendrí­an que hacer frente a una parte del importe de estos productos.

En estos casos, y según el borrador de la orden ministerial que será debatida la próxima semana con las comunidades, en el marco del Consejo Interterritorial del SNS se pagará un 10, 40, 50 ó 60 por ciento del importe de la prestación, con topes de 20 ó 40 euros en función de la renta del usuario.