La sociedad civil se ha puesto en pie de guerra contra los recortes sanitarios del Gobierno del PP. Desde Amnistí­a Internacional a Cáritas, pasando por los jesuitas y la Iglesia evangélica española, los movimientos sociales van a hacer todo lo posible por que no salga adelante, tal y como está redactado ahora, el real decreto que quita la atención sanitaria a los inmigrantes sin papeles.

Mañana en el Congreso se vota el texto aprobado en Consejo de Ministros y las ONG les han pedido expresamente a los distintos grupos parlamentarios que lo hagan en contra.

Hasta 35 colectivos sociales y médicos, tanto españoles como internacionales, han suscrito una declaración conjunta en la que piden a los diputados “que respeten la dignidad humana, las necesidades de salud pública y la ética mediante su voto en contra” del artí­culo 3ter del real decreto, “defendiendo así­ el derecho de todos los seres humanos a recibir servicios sanitarios básicos”. Con este decreto, calculan, unos 150.000 inmigrantes indocumentados se quedarán sin recibir atención preventiva y curativa.

¿Por qué deben votar en contra los parlamentarios? Las razones son, básicamente, tres.

En primer lugar, porque la norma “obliga a los médicos a seleccionar a los pacientes en base a su condición de inmigración, en lugar de su estado de salud» y esto supone, denuncian, “una violación de las obligaciones éticas de los profesionales de la salud”.

En segundo, porque consideran que “reducir los servicios sanitarios únicamente a la atención de urgencias tendrá un grave impacto en la propagación de enfermedades transmisibles en la población general y socavará todos los objetivos de la salud pública”.

Recuerdan, en este sentido, que hay patologí­as, como la tuberculosis y otras enfermedades infecciosas, que sólo se detectan cuando los pacientes buscan atención médica para tratar otras afecciones que no están relacionadas. Por eso se necesita que todas las personas puedan recibir servicios de salud preventiva y general. Imaginen lo que podrí­a pasar si un enfermo de tuberculosis se trata únicamente en urgencias.

En tercer lugar, está la repercusión económica. El objetivo del real decreto es el ahorro, pero las ONG insisten en que “ofrecer servicios de urgencia es más costoso que ofrecer servicios de salud preventiva”. En el Reino Unido, por ejemplo, las urgencias cuestan tres veces más que la atención primaria. Y eso sin tener en cuenta “los costos adicionales que supone el procesamiento administrativo de los datos de residencia en los centros médicos, y del costo para la salud pública relacionado con la propagación y el tratamiento de las enfermedades transmisibles que han avanzado”.

“La creación de un sistema separado para los inmigrantes en situación irregular debilitará los cimientos básicos de los derechos humanos, el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Un sistema paralelo crearí­a, además, una enorme carga sobre las organizaciones de la sociedad civil que no pueden y que no deberí­an adoptar la tarea de prestar servicios sanitarios básicos a las personas que necesitan atención medica”, expresan.

El manifiesto lo suscriben, entre otros, Médicos del Mundo, Cáritas, Cear, la Red Acoge, SOS Racismo, la asociación Salud y Familia, Pueblos Unidos o la Iglesia Evangélica Española.

Entre los colectivos internacionales que lo firman se encuentran Euro-Mediterranean Human Rights Network, Jesuit Refugee Service, Comité Permanent des Médecins Européen, Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants, o European Network Against Racism, entre otras muchas.

Buena parte de las ONG españolas ha realizado también una recogida de firmas en internet a través de la página www.sanidadparatodos.org. En 48 horas ha recogido 14.000 rúbricas, así­ como 34.000 visitas y el respaldo de un centenar de asociaciones.

Por otro lado, Amnistí­a Internacional ha entregado esta mañana en el Congreso otras 35.000 firmas pidiendo a los portavoces de los distintos grupos parlamentarios que no apoyen la reforma sanitaria “hasta que no se evalúen sus efectos en los colectivos vulnerables”.

“Creemos que limitar la atención sanitaria de las personas migrantes en situación irregular a la modalidad de urgencias y asistencia al embarazo, parto y posparto vulnera el disfrute del derecho a la salud de este colectivo, pone incluso en riesgo su vida y puede tener un grave impacto en miles de personas que sufran enfermedades crónicas”, ha manifestado Esteban Beltrán, director de Amnistí­a Internacional España.