El último informe del Observatorio Estatal de la Dependencia sitúa a la Comunidad de Madrid como una de las que obtiene una puntuación inferior a la media estatal en cuanto a atención al colectivo de personas dependientes.

En concreto, la comunidad madrileña obtiene una puntuación de 4,2, frente a los 4,790 de la media estatal. En el conjunto del paí­s, este informe revela que la reducción de la financiación estatal del sistema de dependencia, además de incrementar el copago de los usuarios en 2012, ha conllevado un quebranto acumulado para las comunidades autónomas de 1.409 millones de euros en los tres últimos años.

Esta desinversión ha provocado que algunas autonomí­as presenten graves deficiencias en la atención a las personas dependientes. Si tomamos como referencia el número de beneficiarios, personas con derecho o el gasto público por habitante y año, entre otros doce indicadores, las comunidades que peor posición ocupan durante el último año son Aragón, Canarias y la Comunidad Valenciana. En 2014, la Comunidad Valenciana ha incrementado ligeramente (un 0,3%) el número de personas atendidas, sin embargo, hay 8.339 personas valoradas menos y el número de personas con derecho se ha reducido en 6.281. Además se han perdido casi 1.700 atenciones en plaza residencial. Tras ocho años de implantación de la ley, la comunidad no ha activado ningún servicio de Ayuda a Domicilio.

Canarias ha aumentado el número de atendidos un 10,7% y un 6,3% las personas valoradas, lo que de acuerdo con el informe denota un importante esfuerzo. Aun así­, descienden las personas con derecho y el sistema presenta una desatención cercana al 50%. “Canarias muestra un graví­simo retraso en la implantación del sistema”, según los autores del estudio.

En Aragón, comunidad que ocupa la tercera peor posición, también caen los principales indicadores: mantiene un grado de desatención superior al 20%. Al igual que la Comunidad Valenciana, tampoco ha puesto en marcha ningún servicio de Ayuda a Domicilio y registra un importante número de bajas sin reposición de personas que cobraban la prestación económica por cuidados familiares: 1.566.

Si atendemos al indicador de gasto público en dependencia por habitante y año, las tres comunidades se sitúan por debajo de la media, que alcanza los 104,49 euros. La Comunidad Valenciana, 57,95 euros; Canarias, 39,20; y Aragón, 83,52. Por el contrario, las autonomí­as mejor valoradas, Castilla y León, Paí­s Vasco y Andalucí­a, superan con creces la media e invierten 139, 160 y 121 euros anuales por habitante, respectivamente. A nivel nacional, la reducción de la financiación pública ha provocado que las personas dependientes ya aporten más al sistema que el Gobierno.