Los partidos polí­ticos españoles -salvo contadas excepciones- se han mostrado de acuerdo en la necesidad de reformar la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg) con el fin de garantizar el derecho a voto de todos los ciudadanos mayores de 18 años e impedir que un juez pueda privar de este derecho a una persona por razón de discapacidad, una antigua reivindicación del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).

Actualmente unas 80.000 personas están privadas del derecho a voto en España por decisión de los jueces, al estimar éstos que no tienen facultad para elegir por sí­ mismas. Este debate se ha reavivado tras la elección recientemente de íngela Bachiller, con sí­ndrome de Down, como concejala en el Ayuntamiento de Valladolid, en sustitución de un compañero de partido (PP) que ha dejado el sillón de concejal.

íngela Bachiller, que trabaja como auxiliar administrativo en la Concejalí­a de Bienestar Social del Ayuntamiento de la capital vallisoletana, ocupó el puesto número 18 en la candidatura del PP en las últimas elecciones municipales y sustituye a Jesús Garcí­a Galván.

La inclusión de Bachiller en la lista con la que el alcalde, Francisco Javier León de la Riva, concurrió a las elecciones municipales fue muy bien recibida por las asociaciones de personas con discapacidad, que lo ven como un paso más en el camino de la normalización.

Por último, sin embargo, tras su elección como concejala hace apenas una semana, tanto el Cermi como Down España han destacado la paradoja que a su juicio supone que una mujer con sí­ndrome de Down acceda a este cargo mientras otras muchas personas “con su misma edad y sus mismas habilidades” están privadas del derecho a voto.