La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales considera que la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local podrí­a acabar con unos 60.000 puestos de trabajo y “dejar tirados” a muchos ciudadanos, por lo que la califica de “absoluto desastre” y advierte de que si no se adopta algún tipo de solución, dejarán de prestarse “muchos servicios”.

La citada entidad hace estas reflexiones en un documento titulado ‘Contenidos de la competencia municipal en servicios sociales’, elaborado tras la aprobación de la Ley 27/2013 de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y presentado este martes en Madrid. Según explicó el presidente de la citada asociación, José Manuel Ramí­rez, el texto se ha elaborado en respuesta a la “incertidumbre” que esta norma ha generado en las administraciones afectadas, entidades locales y comunidades autónomas, a la hora de interpretar el alcance de las prestaciones y servicios que deben prestar los municipios en materia de servicios sociales.

Entre las conclusiones del documento figura la que señala que la competencia local, tal y como establece la ley, incluye todos los servicios sociales de proximidad, es decir, todos aquellos que se deben prestar en el propio domicilio o en el entorno de convivencia normalizado.

Serí­a así­ responsabilidad de las entidades locales mantener los servicios de información, valoración, asesoramiento y orientación, las intervenciones profesionales en el domicilio o en el entorno vecinal, las ayudas económicas de urgente necesidad a personas y familias, servicios domiciliarios (ayuda a domicilio) para situaciones que no estén atendidas en el Sistema de Atención a la Dependencia, servicios de alojamiento y atención a ciudadanos sin hogar y para personas y familias en situaciones de emergencia, así­ como otros servicios materiales para atender necesidades de subsistencia (comedores, roperos, servicios de higiene…). De la misma manera, y por la ví­a de la delegación que la propia ley establece, se considera que deberí­an gestionarse en el ámbito local los servicios domiciliarios del Sistema de Atención a la Dependencia, y los de promoción social, como los centros de convivencia de personas mayores, de promoción de la mujer o de la infancia.

En este sentido, el trabajo sostiene que los servicios que más amenazados están por la reforma son los de atención a la dependencia y los de promoción social, que dejan de considerarse competencias propias de los municipios y que suponen 3.342 millones de euros anuales. El documento incorpora un anexo del gasto local en servicios sociales, que indica que el gasto medio de las entidades locales en servicios sociales supuso en los últimos cuatro años un nueve por ciento del presupuesto total. Igualmente, del anexo se desprende que entre 2010 y 2012, el gasto local en servicios sociales se redujo en 1.100 millones de euros (-17,8%) y que esta disminución es un punto más que la reducción general del gasto de las entidades locales en este mismo periodo (-16,8%).

En función del mismo trabajo, la mayor reducción del gasto local en servicios sociales corresponde a subvenciones a entidades y prestaciones económicas a personas y familias (-501 millones), seguido del gasto de personal propio (-300 millones de euros). Ante esta situación, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales quiso manifestar su preocupación a los distintos grupos polí­ticos, a los que presentó el documento este mismo martes. En concreto, la entidad se entrevistó con representantes del Grupo Socialista, CiU, La Izquierda Plural y UPyD, además de intentarlo con el PP, que según Ramí­rez, declinó la invitación.